Colombia no ha sido un país minero y está lejos de Chile o Perú –países a los que quiere superar con una política al 2019. La última reforma del Código de Minas (Ley 1382 de 2010) les otorga plazos de hasta 11 años a los dueños de títulos mineros para hacer exploración.

por Andrés Idárraga Franco,   Investigador de la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular-Instituto Nacional Sindical (CEDINS).

Periódico Desde Abajo. Edición No. 163.

Para continuar la política de Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos heredó nueve TLC con 47 países, así como las medidas de corte tributario para incentivar la inversión en activos fijos productivos (mineros), medidas que en forma paulatina redujeron las responsabilidades tributarias de las empresas y que actualmente se busca desaparecer con la misma intencionalidad1. Parte de la estrategia para garantizar la confianza inversionista, que según el gobierno gozamos todos los colombianos. En todo caso, y aun con la aparente mejoría de la economía, desde 2002 la desigualdad aumenta. En Colombia sobrepasa los índices de Brasil y Bolivia, países que se destacan en la región por tener los coeficientes de Gini más altos2.

Mientras el gobierno saliente difunde autohalagos porque mejoró las condiciones para la inversión en el país, en medio de una economía devastada3, y ante la insistencia del gobierno entrante de sostener que “la inversión extranjera reduce la pobreza”, debemos analizar algunas de estas cifras, especialmente las del sector minero, ya que Santos propone unas “locomotoras de la prosperidad”. La minero-energética, dice, le apuesta entre otras cosas a “la generación de empleo y al mejoramiento general de las condiciones de vida”.

Locomotora o aplanadora de la riqueza de nuestro subsuelo

Al mes de agosto de 2010, en el país había 8.827 títulos oficialmente otorgados por el Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeominas) a distintas empresas nacionales y extranjeras, así como a personas naturales. De tales títulos, según el propio Ministerio de Ambiente, al menos 571 (203 mil hectáreas) se refieren a zonas donde no se puede hacer minería de acuerdo con la legislación vigente, entre parques nacionales y regionales naturales, páramos, humedales y zonas de reserva forestal protectora.



Desde cuando se puso en marcha la política de Estado “Visión 2019: Colombia como un país minero”, se comenzaron a realizar acciones para favorecer las inversiones extranjeras y la creación de distritos mineros en buena parte del país, que atraen millones de dólares para la exploración minera. Es un plan con Perú como referencia, ya que, desde la década del 90, el gobierno de este país obligó a las comunidades campesinas a convertirse en obreros asalariados, bajo precarias condiciones laborales y la degradación de sus niveles de vida, principalmente de su salud, a raíz de la intensificación (en cantidad y tamaño) de esta actividad.



Colombia es un país aún inexplorado en este aspecto, y el boom minero constituye el impulso a un sector de la economía para alcanzar el desarrollo bajo los parámetros de la exportación de recursos naturales. Con excepción del complejo minero del Cerrejón (la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que nos pone como cuartos productores mundiales del mineral) y de Cerromatoso (segunda productora de ferroníquel y quinta de níquel en el mundo), no tenemos minería de gran escala. Antes del diseño de la política de Estado a 2019, sólo había pequeñas e incluso medianas explotaciones aisladas de minerales. Unas minas más ligadas a intereses de terratenientes locales o regionales que a una política sistemática (expoliadora como la actual) de carácter nacional y transnacional.

La política económica para incentivar la inversión extranjera es contundente en la última década: la tasa de inversión privada total –nacional y extranjera– multiplicó hasta por cinco veces su valor en algunos sectores. Las medidas de exención tributaria desde 2003 fueron el estímulo para la inversión extranjera en un país con problemas de violencia, lo cual, decían, alejaba las posibilidades de inversión.

La inversión como porcentaje del PIB colombiano pasó de 16,5 por ciento en 2002 al 25,8 en 2009; mientras la IED4 en el mismo período, del 2,3 por ciento al 3 del Producto Interno Bruto (PIB). A la vez, el PIB en el mismo período pasó de 210 billones de pesos a 401 billones de pesos. En suma, en el período 2002-2009, la IED en el país se triplicó. Entonces, es válido preguntarle al gobierno ¿por qué si afirma “haber ganado la guerra y reducido la violencia armada a algunos pequeños focos en partes alejadas”, da más ventajas y aumenta la flexibilización de la tributación para los inversionistas extranjeros; si ya no estaría presente el peligro subversivo y desde su punto de vista somos una democracia profunda, económica, política y socialmente estable?



A la vez, durante el segundo trimestre de 2010, el Indicador de Inversión de Obras Civiles muestra que los pagos efectuados por este concepto aumentaron 6,2 por ciento con respecto al mismo período de 2009, resultado que es producto, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), del subrenglón de “Construcciones para minería”, que aumentó 44,2 por ciento y sumó 9,3 puntos porcentuales a la variación anual.

La minería (excepto los hidrocarburos) aportó al PIB en 2009 un 2,36 y un 2,44 por ciento hasta el primer trimestre de 2010, con un aumento de 8,3 por ciento entre el segundo trimestre de 2009 y 2010. A la vez, la minería acaparó el 17 por ciento total de la IED en 2008 y el 43 por ciento en 2009. Durante el primer trimestre de 2010, la IED dirigida al sector minero-energético (incluyendo hidrocarburos) alcanzó los 1.845 millones de dólares, que tradujo un incremento del 54 por ciento anual.



Sin embargo, y en clara contravía de los argumentos gubernamentales, la tasa (oficial) de desempleo está por encima del 12 por ciento. El boletín de la oficina de prensa del Dane de abril de 2006 indica una tasa de desempleo del 12,1 por ciento; mientras que para el mismo mes de 2010 la tasa de desempleo aumentó al 12,2. Como se lee, las cifras no guardan mayor correspondencia con el desempeño de la IED y el PIB.

Aunque quizá técnicamente no sea adecuado, si ignoráramos los picos de los meses de diciembre, teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento económico del país –producto de la IED–, es difícil encontrar una relación para pensar que una política de favorecimiento a la inversión extranjera ayude a la creación de empleo, particularmente en el sector minero. La minería, además de no generar empleo, por el tipo de ésta que tiene aplicación en el país (en gran escala), no tiene proyectos intensivos en mano de obra. Por el contrario5, busca acabar con el escaso empleo que genera la minería nacional (sin decir que el impulso a la minería nacional o de pequeña escala sea la solución al desempleo). (Ver recuadro 1).

La inundación de los recursos extranjeros por cuenta del sector minero que tienen sobrevaluado el peso deteriora los demás sectores de la economía y les da la razón a quienes anunciaron la “enfermedad holandesa” que amenazaba al país como producto de este boom.

Sin descuido del sinnúmero de violaciones de derechos humanos territoriales de nuestros afrodescendientes, campesinos e indígenas y del medio ambiente (ver recuadro 2), a esta “locomotora del progreso” debemos ponerle mucho ojo. Hay que prestar más atención a propósito de los escándalos de corrupción y tráfico de influencias conocidos en las minas de carbón y ferroníquel al norte de Colombia, propiedad de empresas transnacionales, que al día de hoy, tan solo en Cerromatoso, adeudan 24.892 millones de pesos (US$ 13.528.300 aproximadamente).

Un maquinista a favor del extranjero

Un gobierno serio, con sentido patriótico y de soberanía, pudiera estar pensando en cerrar varias de las minas que en sus distintas escalas funcionan mal (incluyendo proyectos de exploración); en la prohibición de la expansión de otras y la declaratoria de una moratoria minera en el país, en función de proteger ecosistemas estratégicos (como los páramos y acuíferos) y los derechos de las comunidades rurales del país, bastantes violados. La situación es inimaginable cuando todas las exploraciones entren a la fase de explotación.

De continuar esta tendencia, sin medidas económicas, sociales y ambientales que regulen la actividad –por ejemplo, fondos de estabilización con reglas fiscales claras que contribuyan al impulso de otros sectores productivos–, difícilmente saldremos de la miseria mientras unos pocos nacionales y extranjeros llenan sus bolsillos a costa del despojo de las comunidades.


1    Tal es el caso del impuesto de renta del 30 por ciento que tienen que pagar las empresas extranjeras que hacen compras de activos fijos, como maquinaria y tecnología, incentivo implementado transitoriamente en 2003 por la ley 863, prorrogado en 2006 por la Ley 1111 y ajustado en 2009 por medio de la Ley 1370.
2    Este indicador se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero también pude utilizarse para medir cualquier otra distribución desigual. Este coeficiente se mide en porcentajes que van de 0 a 1, donde cero es la perfecta igualdad (el mismo nivel de ingresos) y 1 es la máxima desigualdad (donde, hipotéticamente, una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno).
3    Ver edición 161 de desde abajo, en: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/208-edicion-161.html.
4    Inversión Extranjera Directa.
5    TGP: Tasa General de Participación; TO: tasa de Ocupación, TD: tasa de Desempleo.
6    Durante el primer trimestre de 2010, la IED del sector minero sumó US$1.162 millones, con un decrecimiento del 17,98 por ciento con respecto al mismo trimestre en 2009, y representando el 28 por ciento de la IED colombiana.

Recuadro 1
Incurren en violaciones: Canadiense Greystar y Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA)

Los acuerdos mineros no sólo violan las posibilidades de empleo y de mayores recursos en Colombia. El seguimiento a las denuncias por violaciones a derechos humanos, a causa del impulso de este sector de la economía por parte de las empresas transnacionales en materia de trabajo digno y consulta previa, es otra muestra de que estos proyectos mineros no favorecen la economía y mucho menos la paz para el país.

La minería en páramos, principalmente en el de Santurbán, al nororiente del país, en los municipios de California y Vetas, zona de la que por lo menos 1.700.000 personas dependen del agua que provee este ecosistema, tiene asignadas 40 titulaciones mineras, principalmente a la empresa Canadiense Greystar y asimismo a la Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA). Los 20 títulos mineros en resguardos indígenas, otorgados a la AGA en Cauca, sin consulta a las comunidades o sin tomar en cuenta los conflictos socioambientales con afrodescendientes por la misma razón al norte de este departamento, junto a otros más en el sur de Bolívar o en la región del Catatumbo, al nororiente del país, son parte de las señales del ‘progreso’ que viene con la minería.

Recuadro 2
Economía y promesas de empleo insustentables

A través de la exportación de bienes primarios, es indudable que las economías se activan para favorecer a unos pocos. Sin embargo, el International Center for Trade and Sustainable Development plantea que también “han sido los patrones recurrentes de bonanzas y crisis por los precios de los bienes primarios lo que ha creado una incertidumbre significativa […] tanto para los exportadores netos como para los importadores netos”. Estamos ante una afirmación demostrable en Colombia al observar las exportaciones por capítulos arancelarios:

Hubo una caída del 19 por ciento durante 2008, recuperada en 2009 pero que conllevó la caída en ese mismo año del 61 por ciento de escoria y cenizas; el 24 por ciento en materiales de fundición, hierro y acero; 55,6 por ciento del cobre, 48,7 por ciento del níquel, 69,6 por ciento del plomo y 21,9 por ciento del cinc. Así, ¿hasta dónde la economía del país podrá tener sostenibilidad cuando depende de los precios del mercado mundial?

En medio de este panorama, el Banco Mundial y entidades como la Corporación Andina de Fomento no dudan en impulsar créditos y préstamos de cooperación para el impulso de este sector; y reivindican el aporte de las materias primas para el progreso de América Latina, con insistencia en la vieja, pero establecida fórmula alrededor de la cual los países de la región debemos especializarnos en la producción de materias primas, a pesar de sus consecuencias de desastre ambiental, cultural, económico y político.

Un reciente informe del Banco Mundial1 muestra que en 2008 más del 97 por ciento del PIB de América Latina provino de países exportadores de materias primas. Siete aportaron un aproximado 85 por ciento del PIB regional y seis (Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Bolivariana de Venezuela, y Brasil que crece), tienen una proporción sustancial de ingresos por bienes primarios. El mismo informe señala que el 24 por ciento de los ingresos fiscales de América Latina dependen de la exportación de materias primas, en comparación con el 9 por ciento para los países ricos2.

1    Emily Sinnott, John Nash, Augusto de la Torre. Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas y crisis?, agosto de 2010.
2    Ídem, p. 6.