Eduard Mina es un hombre imponente, de unos 40 años, alto, de mirada firme; hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y, además, es una de las voces de esta historia que recogimos el Foro de Políticas Minero-energéticas, Resistencias y Despojo. La primera vez que intervino en dicho espacio se levantó para decir que “no sólo denunciaremos los abusos de las Multinacionales de la minería, pues las acciones de las entidades estatales tienen mucho que ver con las hidroeléctricas y micro centrales”. Tal afirmación se debe a que Eduard proviene del suroccidente del país, de un corregimiento llamado La Toma, ubicado en el municipio de Suárez que, junto con Morales y Buenos Aires, son los tres afectados por la represa ‘La Salvajina’, construida hace ya 26 años.

Este territorio es rico en fuentes hidrográficas: está bañado por los ríos Cauca, Ovejas, Inguitó, Asnazú y Marilópez, Damián, Marilopito, y las Quebradas de El Chupadero, La Chorrera, Los Pasos, Los Morados, La Laja, El Danubio y San Miguel. Por tal razón, a finales de la década de los años 70`s y comienzo de los 80`s la Corporación Autónoma del Valle del Cauca- CVC, dentro de sus políticas de generación de energía eléctrica y con el fin de controlar las inundaciones en el Valle del Cauca, empezó la construcción de la represa de la Salvajina.

Según cuenta Eduard, la mencionada represa sólo ha traído problemas. Desde el principio ocasionó “el desplazamiento masivo de esta comunidad”. Incluso ha ocasionado rupturas entre las etnias que habitan el territorio, pues “a margen derecho está la etnia indígena y a margen izquierdo estamos los afro descendientes”. Recuerda también que la represa dividió familias, dejándolas incomunicadas e impidiendo a generaciones enteras conocerse, pues en territorio indígena quedaron familias afro, concretamente los corregimientos de Mindalá y Pureto, que antes solían atravesar el río, que se pasaba muy fácil en canoa. Esto produjo un corte en la identidad cultural.

Para la comunidad los problemas no acabaron con la construcción de la represa, y hasta el momento ni siquiera se ha hecho un consolidado de los daños y perjuicios ocasionados, además de que los compromisos y promesas en el momento de construir no han sido cumplidos. A nivel económico, según nos cuenta Eduard, los impactos se han visibilizado en la minería artesanal y la agricultura, actividades productivas que históricamente han sido practicadas por los pobladores: “las mejores minas de oro del municipio de Suarez están sumergidas en Salvajina. La parte más productiva de Suarez, que eran las laderas del río Cauca, igual quedaron navegados 32 Km, lo que ha ocasionado una gran afectación en la parte agrícola en el municipio”.

En lo que se refiere al impacto ambiental, Eduard asevera: “Toda la madera que había en la zona no fue removida, no la sacaron. Cuando hacen las descargas de la represa aguas abajo, la contaminación cae. Pero de ninguna manera se ha querido minimizar eso. Además, decían que el objetivo de la represa era impedir las inundaciones y por eso querían desviar el río Ovejas hacia el Cauca, aumentando el caudal de este para controlarlo, pero lo que realmente quieren es que la producción de energía sea mayor. Cada vez que hay creciente nos damos cuenta que aquel argumento era una mentira porque nuestros hermanos que viven más debajo de la represa siguen estando inundados. La verdad, todo eso se hizo con un fin de producción y no de controlar.”

En la actualidad, Salvajina es administrada por Colinversiones luego de pasar por muchas manos y llenar muchos bolsillos. Según datos de la Empresa de Energía del Pacífico S.A (EPSA), en 1995 pasó de la CVC a sus manos, pues EPSA fue creada para responder al cumplimiento de la Ley 99 de 1993, según la cual se debía independizar la gestión ambiental del negocio eléctrico. El 5 de junio de 1997 el gobierno nacional vendió en subasta pública el 56,7% de las acciones de EPSA a un consorcio formado por Houston Industries y Electricidad de Caracas. En el año 2000, este consorcio cedió su participación accionaría a Unión Fenosa de España. En marzo de 2009, Gas Natural SDG S.A., adquirió el 100% de las acciones de Unión Fenosa S.A., convirtiéndose a su vez en el beneficiario real del 63,82% de las acciones de EPSA. Finalmente, el 14 de diciembre de 2009 pasó a ser propiedad de Colener S.A.S., sociedad que pertenece en un 100% a Colinversiones S.A. Tienen también participación en las utilidades de ‘La Salvajina’ Inversiones Argos S.A. y Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera: Todos, menos las comunidades que históricamente han habitado y construido el territorio.

Eduard asegura que “cada vez que la represa ha pasado de manos de un propietario a otro, nunca han aceptado las responsabilidades, tanto social como económica. De tal manera que ni siquiera se han cumplido los planes de manejo ambiental, situación por la que han pagado unas multas al gobierno nacional”.

Sumado al gran impacto de ‘La Salvajina’ y en razón de la riqueza mineral del territorio, al municipio han llegado empresas para explotar oro y, según manifiesta Eduard, están presentes la Anglo Gold Ashanti, Oro Cauca, la Panamerican limitada, entre otras. Aclara que “eso de los nombres es un parapeto porque siempre sigue siendo una Multinacional, la grande, la que hace eso: nosotros sabemos, tenemos claro que es la Anglo Gold Ashanti”. Cuenta, además, cómo los gobiernos locales, el alcalde y los concejales se dejaron cooptar. Por ejemplo, “en la administración pasada la ‘Anglo’ hizo el plan de desarrollo al igual que el reglamento interno del Concejo, hasta en el librito del reglamento aparecía el logo de la Anglo Gold”. Nos narra también Eduard cómo han utilizado a los maestros de las escuelas del municipio, en especial del corregimiento de La Toma, para convencer a los niños y sus padres de los beneficios que traerán y de “lo buena que es la multinacional”.

A pesar de esto, la gente no quiere su presencia y se ha organizado para defender el territorio y los recursos naturales, ya que, como dice Eduard, “nosotros sabemos que aquí hay oro, pero es de la comunidad tomeña”. Continúa denunciando que por estos hechos han recibido amenazas de los grupos armados ilegales: “nos han enviado pasquines, panfletos, mensajes a los celulares”, han llegado a buscarlos a sus casas y por lo cual han tenido que salir muchas veces. “A uno la comunidad lo necesita vivo”. Han llegado al punto de sobornar a los líderes comunitarios para acabar con las organizaciones, pero no lo han logrado.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y datos tomados del portal web de Estudiantes en Doxa, de las 7.000 hectáreas del corregimiento de La Toma, 6.500 han sido solicitadas para exploración por la Anglo Gold Ashanti que ha encontrado un camino rápido y fácil para iniciar inmediatamente la explotación:  a través de las 403 hectáreas de las concesiones, con licencias mineras EKE-151 (314 has) de Raúl Fernando Ruiz Ordoñez y BFC 021 (99 has) de Héctor Jesús Sarria, quienes nunca han realizado actividad de exploración o explotación alguna en el territorio afro, y que, además, no están vinculados de ninguna manera con las comunidades y sus territorios. Los señores Ruiz y Sarria han iniciado un proceso de expropiación, pues la  compra de sus licencias por parte de la ‘Anglo’ es inminente.

Así sigue la historia del oro, la represa y la comunidad que ante tantas amenazas, terror y despojo ha resistido a través de la soberanía alimentaria y la permanencia en el territorio.

Fuente : Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa