Sólo bastó un amanecer a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para que el parlamento canadiense decidiera ponerle fin a casi dos años de estudio y de discusión sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. La decisión de ratificarlo fue tomada luego de que estuvo durante meses en manos de algunos parlamentarios del partido liberal a quienes les rondaba la duda de consolidar un pacto comercial (y de inversiones) con un gobierno con tantos antecedentes de violación de los derechos humanos. El tratado bilateral fue firmado en China en noviembre de 2008 entre el Primer Ministro, Stephen Harper, y Álvaro Uribe, y fue aprobado por el poder legislativo canadiense el 21 de junio de 2010 en su sede en Ottawa, esa misma por donde pasaron personalidades políticas y miembros de la sociedad civil, tanto colombianos como canadienses, exponiendo sus posturas en pro y sobretodo en contra del acuerdo.
Con la ratificación se enmudecen las denuncias y argumentos interpuestos ante los legisladores canadienses sobre la impertinencia de la aplicación de este tratado en el contexto social y político vigente en Colombia. Así, la decisión del parlamento favorece y hace eco de los intereses de sus compañías multinacionales y de los grupos económicos colombianos (y por lo tanto, de sectores del gobierno) sobre los recursos naturales, y en especial, las riquezas mineras del país. Para la opinión pública de la oposición canadiense, la firma del TLC con Colombia no es sino un reflejo más de la orientación del gobierno conservador y neoliberal que actualmente se encuentra en el poder en ese país norteamericano. El destino de las negociaciones pone en evidencia que sobre la balanza el tema de los Derechos Humanos pesa menos que los derechos que adquieran las empresas canadienses sobre los recursos naturales de los países caracterizados por sus instituciones débiles y corruptas. En definitiva, la ratificación representa un espaldarazo del gobierno canadiense al triunfo de continuismo electo en Colombia.
El boom de la minería: desenfreno en la inversión
Entre los acuerdos bilaterales por los que el gobierno colombiano se ha peleado, el TLC con Canadá es el primero en obtener la aprobación total en todas las instancias de los dos gobiernos. Todavía están en veremos los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso aquí mencionado, el negocio llega en un momento en el se desata una gran competencia entre las compañías de extracción de minerales por obtener títulos y permisos para explotar las riquezas minerales del país. Tal y como se presenta, el fenómeno actual consiste en un juego de “monopolio” en el que el gobierno se propone hacer el reparto de las propiedades de la nación entre el capital de jugadores transnacionales.
Aunque las actividades mineras en el territorio nacional han estado monitoreadas y controladas por empresas extranjeras desde los tiempos de las primeras repúblicas, la inversión extranjera en exploración y explotación de recursos minerales se ha disparado en el último gobierno. Las actividades en minería y extracción de petróleo representan el 70% de toda la inversión extranjera directa (IED), y de estos sectores, casi la mitad de los proyectos de exploración están bajo la operación de compañías registradas en Canadá.
El escenario puede ser aterrador si se cumplen los deseos del gobierno de distribuir la explotación de todas las riquezas del país en manos de compañías extranjeras y de hacer el remate de los espacios mineros que han sido la fuente de trabajo de las regiones por muchos años. Tal sería el caso del acuerdo logrado entre el gobierno y la compañía canadiense Medoro Resources (Recursos Medoro) Ltda. con respecto a la Frontino Gold Mines, que consiste en una región que comprende 2.907 hectáreas de la zona rural de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia. Este “acto histórico”, como ha sido llamado por el ministro de Minas y Energía, es el negocio más reciente logrado en el país por representantes del gobierno nacional y la compañía Medoro con sede en Toronto, Canadá.
Tabla 1: Proyectos de minería multinacional en zonas del nordeste antioqueño y sur de Bolívar
Tabla 2: Algunos nuevos proyectos en el territorio nacional
Lo que el tiempo no se llevó, Medoro lo compró
Desde el último trimestre del 2009, Medoro ha estado de compras por Colombia y entre sus cuatro adquisiciones (3 minas en Marmato, Caldas y Frontino Gold Mines en Antioquia), solamente pagará 37,5 millones de dólares por unos recursos que se calcula deben representar un valor de más de doscientas veces ese precio.
El pasado 31 de marzo la Medoro firmó una promesa de compra-venta para adquirir los derechos sobre todos los activos de la Frontino Gold Mines Ltda. Luego de cuatro meses y quince días de firmado el acuerdo con una delegación del gobierno, no sólo la Medoro a través de su subsidiaria Zandor Capital, pasará a obtener el producto de la gran mina Providencia y de las más modestas Sandra K y El Silencio. También una firma, la Gran Colombia Gold S.A., será propietaria del 50% de Frontino y la operadora del proyecto, aunque en las condiciones inicialmente pactadas se había designado a Medoro para las funciones de operación.
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Frontino es un compendio de minas que a pesar de estar en liquidación producen más oro que antes, y hay quienes aseguran que tendrían el potencial de producir a perpetuidad si se mantuviera en el nivel de explotación artesanal. Sin embargo, el gobierno ha decidido de manera tajante y arbitraria otorgarle los derechos a una compañía que con una pequeña inversión cuenta pasar de las 55.000 onzas que se produjeron en 2009 a 250.000 onzas anuales en el futuro próximo. Lo alarmante del negocio no sólo se refiere a las ambiciosas metas de explotación que agotarán sin duda rápidamente las reservas. A su vez, la adquisición de Frontino por la Medoro es una fiel muestra de un proceso cargado de irregularidades.
La principal inconsistencia de la transacción y de la cual se derivan las demás, es que el gobierno no tenía el derecho de realizar un acuerdo sobre el destino de los activos de la Frontino, ya que son los trabajadores y pensionados, es decir sus acreedores desde 1976, los verdaderos dueños de esta empresa que lleva más de siglo y medio produciendo alrededor de 4.5 millones de onzas de oro, que posee uno de los cuatro títulos mineros a perpetuidad que existen en el país y que debe contar con reservas de por lo menos 5 millones de onzas.
La mina, que fue fundada en 1852 por capitales ingleses, fue adquirida a principio del siglo XX por estadounidenses que luego, en 1976, abandonaron el país supuestamente porque los bajos precios del oro y la caída en la producción les impedía afrontar sus obligaciones en prestaciones y pensiones, deuda que sigue vigente en la actualidad. Sobre ese mismo hecho, existen documentos, escrituras públicas y un acta de la superintendencia de sociedades que respaldan y son prueba de que la Frontino fue cedida a sus trabajadores, y son ellos quienes han ejecutado los planes de explotación y los únicos que tienen el poder de decidir sobre el futuro de la mina.
Sin embargo, el gobierno nacional, desconociendo la validez de estos documentos y la voluntad de los trabajadores, ha procedido a realizar la venta de los derechos sobre Frontino a un precio de ganga y bajo unos términos que ponen en evidencia cómo los empresarios canadienses se encuentran amangualados con el gobierno y, sin duda, con los grupos económicos colombianos.
Medoro es la misma empresa que para construir una mina a cielo abierto pretende trasladar a Marmato (Caldas), un pueblo que tiene casi 500 años de historia y 8.400 habitantes. La razón de ser de esta compañía es la de sacar el máximo beneficio para incrementar la inversión de sus accionistas mediante las minas de oro que muy generosamente el gobierno colombiano les ha casi cedido para que exploten toda su capacidad. Aunque Medoro mantiene intereses en las concesiones de “Lo Increíble” en el Estado Bolívar de Venezuela (en donde todavía espera sus permisos y que las “condiciones” -seguramente políticas- cambien), y en Malí, (uno de los países más pobres de África occidental que ha hecho peripecias legales para atraer e incentivar la llegada de las multinacionales), es en Colombia en donde la compañía ofrece las mejores expectativas para los inversionistas que en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Bogotá financien las etapas de sus proyectos en el país.
El resultado de las negociaciones entre representantes del gobierno nacional y Medoro no ha sido reconocido ni aceptado por los trabajadores y pensionados de Frontino Gold Mines Ltda. que han enfrentado el proceso precisamente porque legalmente son ellos sus legítimos propietarios. A parte de que el gobierno está violando la ley con la oferta y con artimañas para sacar de su juego a los trabajadores y pensionados, también está en la mira la estabilidad laboral de la región. El empleo que en la actualidad proporciona Frontino se calcula entre 1.600 puestos aproximadamente, y según versa la promesa de compra-venta, con los nuevos trabajos el empleo “puede llegar” a 2.500 puestos que vincularán a los asalariados con la empresa a través de un intermediario, contratista o cooperativa de trabajo, y serán garantizados por 12 meses a partir de la fecha de cierre del contrato.
Educación y salud a precio de oro
Además de la endeble y poco durable garantía de empleo, el negocio con la transnacional es presentado como la salvación a los problemas sociales de la región por los “compromisos sociales” que ha adquirido para traer el “progreso” a una región en donde el Estado ha sido incapaz de proporcionar hasta los servicios básicos. Sin embargo, el pago de las deudas con los pensionados y trabajadores es el primer y gran gesto al que la compañía se ha comprometido, obviando el concepto mismo de obligación laboral.
En cuanto a los aportes sociales, las contribuciones estarán condicionadas al precio de la onza de oro producida y un Comité Cívico designado se asegurará de que sean invertidas en la región. La cuestión de partida no es considerar el tipo de servicios que se crearían o la calidad ni extensión de las carreteras que, por fin, se construirían con esos nuevos recursos y que les facilitaría el transito a los pobladores de las veredas de esa zona. El meollo del asunto resalta a la vista al reflexionar que con inversiones en educación, salud e infraestructura, el Estado también le delega a la multinacional que retome las funciones que por tantos años no ha querido cumplir. Los servicios básicos, que son derechos de los ciudadanos, estarán condicionados a las ganancias de una multinacional, cuyo único objetivo es “liberar” el potencial de las reservas de oro más importantes del país.
Con antelación al TLC, el terreno se había venido preparando para lo que esperamos no sea el desenlace del proceso con Frontino. La vía de la formalización de la minería artesanal, es decir, su criminalización, también es un cuento abanderado por el gobierno para sacar del terreno a la población local y hacer más fácil la introducción de la producción masiva o megaminería, cuyos métodos pueden ser “eficientes” para exprimir la tierra pero mucho menos cordiales con el medio ambiente que la pequeña minería, aunque ésta última también requiera mejorar sus técnicas para reducir al mínimo los daños ambientales.
En sus comunicados, Medoro no pierde oportunidad para hacer alarde de los beneficios que traerá a la población los recursos que se quedarán en los dos municipios. Y si dicho escenario resultara un hecho, no habrá que ser tan pesimista para dudar sobre el destino de las incrementadas partidas fiscales y tributarias. Dudas fundamentadas en los antecedentes de las gestiones municipales de Remedios y Segovia, al igual que otros municipios de Antioquia como Maceo, Yondó y Puerto Nare, a las que el año pasado se les suspendieron y luego se les dosificaron los giros correspondientes por regalías, justamente por malos manejos y corrupción.
Con el TLC aprobado y la campaña publicitaria para fomentar la “confianza inversionista”, cualquier intimidación, abuso o incluso crimen en contra de los opositores del proyecto de venta de la Frontino podrá mantenerse en la sombra de la impunidad ya que se cuenta con el marco legal e ideológico suficiente para adaptar y manipular la información con respecto a la posición de los que se oponen. No parece una coincidencia que los voceros y líderes de los trabajadores sean víctimas de atentados e intimidaciones luego de que señalamientos y acusaciones en su contra salen de la boca de uno de los principales accionistas de la Medoro, un empresario conocido por ser un hombre de negocios profundamente “comprometido” con la expansión transnacional y quien recibirá 4 millones de dólares como “comisión de éxito” por interceder y haber logrado la transacción.
Durante el primer trimestre de este año la compañía informó a sus inversionistas de cada paso en el avance del negocio. Y desde que se firmó el pacto de compra-venta no se han cansado de agradecer al gobierno nacional por facilitar el tan apetecido acuerdo antes del 30 de mayo, fecha hasta la que todavía existía una cierta incertidumbre por saber cuál sería el gobierno sucesor.
Para asegurar el negocio, las partes negociantes no sólo se valieron del engaño con respecto al proceso jurídico que respalda la propiedad de los trabajadores. El gobierno también logró con agilidad invalidar el acuerdo que los dueños legítimos de la Frontino habían pactado con otra compañía canadiense. Pacto que a diferencia de lo celebrado con Medoro fijaba criterios que sí eran favorables para la sostenibilidad de sus actividades, y cuya propuesta apuntaba a una real transferencia de tecnología con el fin de incrementar la producción y en cuatro años restaurar el fondo de pensiones. Es decir que sin necesidad de vender, por un tiempo definido el acuerdo tenía el objetivo de mejorar las técnicas de la Frontino y alcanzar la capacidad de sostener las obligaciones con sus pensionados.
En contraste, al principio del año, los voceros del gobierno aseguraban que ante la ausencia de otros interesados en la “buena causa” de comprar a la Frontino, para resolver cientos de pleitos laborales y traer la modernización de un retrogrado sistema de explotación, se debe optar por la única oferta existente, la de Medoro. Cuando se reveló que había una lista de pretendientes y en los medios de comunicación empresariales se informó que los trabajadores y pensionados habían llegado a un acuerdo con el grupo Sumarium, rápidamente el gobierno se encargó de impulsar la campaña para que en los medios se rectificara la noticia y llegar a desconocerla. Ahora no es posible abrir el enlace de internet en donde se comunicó a los inversionistas de dicho acuerdo.
En la opinión oficial, el conflicto generado es subestimado y rebajado a “una serie de tensiones” entre quienes se oponen a la “solución” de la historia de Frontino y por lo tanto, al tan mentado “desarrollo” que supuestamente traerá el nuevo modelo de explotación. Tanta insistencia sobre el mandato social de Medoro no corresponde sino a una estrategia para calmar la opinión pública que está informada y ejerce presión internacional sobre los abusos tanto de las empresas mineras canadienses en África y América Latina como del Estado en Colombia.
Si de mejorar las técnicas de extracción se tratara, un negocio más sensato pudo haberse realizado con otra compañía. Si es por mejorar las condiciones sociales a través del presupuesto municipal, seguramente mejores resultados se lograrían si las regalías actualmente recibidas gozaran de una mejor asignación y control. Y si las preocupaciones realmente giran alrededor de la estabilidad y seguridad laboral o los impactos al medio ambiente, una solución más sostenible implicaría que la empresa esté en manos de la población local a quien el Estado debería apoyar para trabajar sin poner en riesgo sus vidas y reducir y remediar el impacto ambiental que se genera de la explotación del oro. Pero no. Al gobierno de la “cohesión social”, así como a su sucesor, no les interesa sino contar con el tiempo para distribuir los 7.770 títulos mineros que se proponen otorgar y de los cuales ya llevan alrededor de 1.500.
Era de esperarse que no se iba a permitir que los trabajadores y pensionados decidieran sobre el futuro de esta mina de oro, aunque les pertenezca. La actitud y afán del gobierno por lograr sus metas en el sector extractivo es similar a la que ha mostrado por incentivar la expansión de la palma de aceite, proceso en el que se han descubierto sólidos vínculos entre el gobierno, el empresariado de los agrocombustibles y el poder paramilitar. En este momento, el viento que sopla a favor de los desenfrenados inversionistas canadienses proviene de la exhaustiva política de “confianza inversionista” que durante los dos últimos períodos presidenciales se ha encargado de ocultar la realidad colombiana y de proyectar una imagen “mejorada” del país en el exterior.
Con toda una legislación flexible y permisiva a su favor y un TLC vigente, a las firmas transnacionales les queda muy difícil abstenerse de invertir en el país y menos si reciben simultáneamente la otra contraprestación del gobierno, la creciente militarización de los territorios estratégicos, la “seguridad democrática”, que les garantizará un clima de calma -aún si es tensa-. Habrá que esperar para comparar qué tanto recibirá el Estado por “prestar” el territorio nacional y el gasto militar en los próximos años. Más lugares disponibles en el ejército para emplear a jóvenes sin más oportunidades. La instalación de batallones y bases, ciertamente es una inversión, pero no en el pueblo colombiano. Los efectos de esa inversión recaen solamente en la clase dirigente de este país que seguramente recibe una gran tajada de la torta mineral por asistir al cuidado de las propiedades de los afortunados que acceden a los títulos que tan impacientemente ha concedido el gobierno que se va y que concederá el que llega.
Martha Lucía Gómez, Rebelión, septiembre 2 de 2010
*La información que sirvió de base para la realización de este artículo fue extraída del sitio de internet de Medoro Resources, del sitio de información para inversionistas Sedar, y de diversos periódicos nacionales y comunicados empresariales disponibles en la red.