Projet Accompagnement Solidarité Colombie

Agotado: Triunfos del comercio en derechos humanos en las relaciones de Canadá con Colombia

30 Septembre 2013
Desde cualquier punto una de las tragedias más arraigadas y angustiantes en derechos humanos en las Americas han sido décadas de conflicto y abuso en Colombia. Las estadísticas son alarmantes. Los números más altos de desplazamiento interno en el mundo. El país más peligroso del planeta para los sindicalistas. En medio de una crisis duradera que ha impactado prácticamente cada parte de la sociedad colombiana, la situación de los pueblos indígenas es particularmente horrorosa. Su destino se ha vuelto tan alarmante al punto de que los expertos de la ONU y la propia Corte Constitucional del país están comenzando a hablar sobre exterminio y posible genocidio.

Desde cualquier punto esta debe ser una preocupación inquietante para Canadá; por no otra razón que simplemente la geográfica, una humanidad compartidas en el hecho de que nosotros también somos parte de las Americas.

Pero aún más teniendo en cuenta que el gobierno canadiense se ha propuesto establecer una relación más próxima con Colombia en los años recientes; en particular comercios e inversiones más cercanas. Esto fue real y dramático -posiblemente mortal- en las implicaciones para los indígenas en Colombia. Alrededor del mundo las compañías mineras y petroleras han puesto sus miradas en las reservas de petróleo y los depósitos minerales colombianos muchos de los cuales se encuentran en territorios indígenas. Muchas de estas compañías son y serán canadienses. Los indígenas, muy comprensiblemente, temen que esta aproximación a sus tierras traerá más violencia que paz, más explotación que beneficio y más represión que seguridad.

Esto es más significativo después que el tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia entró en vigor en Agosto 2011 tras muchos años de negociaciones. Consciente del muy problemático contexto de derechos humanos en tal tratado, y seguramente incluyendo la preocupación por los pueblos indígenas, Amnistía Internacional y otros grupos impulsaron fuertes garantías para los derechos humanos. En particular nosotros insistimos que hubiera una evaluación independiente de los derechos humanos en el tratado, antes de que entrara en vigor y periódicamente a partir de entonces, junto con los requerimientos legales de cualquier deficiencia superficial por las evaluaciones a resolver.

No lo conseguimos. Conseguimos algo, sin embargo. No habría ningún tipo de evaluación antes de que el tratado entrara en vigor. Y no habrían evaluaciones independientes en ningún momento. Pero habría un reporte anual presentado al Parlamento por cada gobierno, dejando por fuera el "efecto de las medidas tomadas" bajo el marco del acuerdo en derechos humanos. Nunca antes había habido disposiciones de derechos humanos asociados con un tratado comercial canadiense. Era algo. ¿Lo era?.

El primer informe fue dado en mayo 15 del 2012. No sería una exageración decir que era una farsa, porque no había ninguna evaluación de derechos humanos de ningún tipo incluida en el informe. En cambio el gobierno despreocupadamente declaró que el tratado no había estado en vigor lo suficiente para llevar a cabo tal evaluación. Imagine cómo pudieron haberse sentido los indígenas; para un tercio de los pueblos indígenas en Colombia quienes están en el borde la de supervivencia?, ¿Demasiado pronto?, ¿Demasiado tarde?.

El segundo informe se presentó el 15 de mayo del 2013, pero porque el Parlamento no estaba reunido en esa fecha, una rendija permitió que el reporte se retrasara. Esto no se materializó hasta el 14 de junio del 2013, unos pocos días antes del receso de verano del Parlamento. Esta vez el reporte no esquivó la pregunta, tal vez la mejor que tuvo. Es impresionante el desprecio por la preocupaciones más reales y evidentes de derechos humanos en Colombia.

Primero, sin embargo, una palabra sobre las consultas. Por meses organizaciones como Amnistía Internacional han pedido al gobierno compartir información sobre el proceso y la linea de tiempo que sería usada para preparar el reporte. ¿Quién sería consultado y cómo proveería aportes?. En cada giro esas súplicas encontraron el silencio o respuestas que proporcionaron ninguna información.

No podía haber sido más irritante, por lo tanto, ver en el reporte una afirmación que el gobierno hizo en mayo 7 del 2013 (ocho días antes de que el reporte fuera presentado), con el asunto de una convocatoria pública seguida de un lamento de que "ninguna aplicación fue recibida a través del mecanismo de consulta". Es la definición misma de la mala fe. Ni derechos humanos ni organizaciones de desarrollo siguieron este asunto, todas ellas bien conocidas por el gobierno, no tuvieron ningún conocimiento de cualquier "convocatoria pública", que viniendo en menos de una semana, era evidente que no era sincera.

Así que ¿Que hay acerca del contenido?. El reporte contiene algunos párrafos describiendo los esfuerzos para determinar si el acuerdo tenía algún efecto sobre los derechos humanos en lo sectores del azúcar y las flores cortadas. Allí simplemente estamos seguros de que las tendencias macroeconómicas tienen muchas más consecuencias para las industrias que cualquier medida tomada en virtud de este acuerdo comercial.

Esto es lo que pasa. En ninguna parte del cuerpo del reporte las palabras minería, extractiva o indígenas aparecen. En ninguna parte.

En cambio, hay allí una simple confesión de que "no es posible establecer un enlace directo entre el TLCCCO y la situación de derechos humanos en Colombia. No hay evidencia de un enlace causal entre las reducciones de los aranceles para Canadá de acuerdo con el TLCCCO y cambios en los derechos humanos en Colombia." La afirmación del 2012 de que era demasiado pronto para hacer una evaluación era menos dañina que este lavado blanco ingenuo del año.

Y que no se olvide que todo esto ha corrido en paralelo al empeño determinado del gobierno para resistir un esfuerzo legislativo importante hace algunos años para establecer un marco legal para mantener a las compañías extractivas canadienses responsables de su impacto en el extranjero en derechos humanos. El proyecto de ley C-300, legislación privada de los miembros propuesta por el parlamentario del área de Toronto John McKay, estuvo cerca pero finalmente derrotada en el otoño del 2010.

Esto nos ha dejado sin estándares legales y procesos claros para mantener compañías canadienses responsables de abusos en derechos humanos asociados con sus operaciones en el extranjero. Combinado con una clara voluntad de destripar el reporte de derechos humanos del tratado Canadá/Colombia de cualquier sentido y efecto; nosotros quedamos con pocas herramientas para asegurar que cuando ellos operen en el exterior las compañías extractivas canadienses serán embajadoras de las mejoras en derechos humanos y no agentes del daño a estos.

Perdido en medio de todo esto hubo un anuncio a comienzos del 2013 que Canadá ahora estaba preparada para añadir a Colombia a una lista de países aprobados para una posible venta de armas automáticas de compañías canadienses. Demasiado pronto para valorar lo derechos humanos en el 2012. Sin intereses de hacerlo responsablemente en el 2013. Sin ninguna atención a la profundización de la crisis de derechos humanos que enfrentan las poblaciones indígenas, algunos aspectos de los cuales tienen una clara dimensión de negocio y comercio. Pero al mismo tiempo el gobierno no parpadea sobre dar luz verde a una posible venta de armas completamente automáticas con una alta capacidad de almacenamiento.

Sin sorpresas, por lo tanto, todo lo que estamos viendo es un aumento en las demandas impulsadas en Canada por individuos y comunidades alegando que las actividades de las compañías mineras canadienses han contribuido a las violaciones en derechos humanos. No hay donde más mirar. Y el gobierno ha mostrado claramente que su objetivo es evadir la responsabilidad antes que fortalecerla.

A través de la corte y los legisladores federales y provinciales esto tiene que cambiar. El mundo es más pequeño. El mercado global es mas pequeño. Las compañías mineras y petroleras canadienses de las cuales los canadienses quieren y merecen estar orgullosos, manan. Pero si nosotros no comenzamos a considerar la dimensión de las políticas de derechos humanos de la minería más seriamente, los riesgos de la arrogancia llevarán a la desgracia.

Originalmente publicado: http://www.slaw.ca/2013/08/28/sold-out-trade-trumps-human-rights-in-canadas-relationship-with-colombia/

 

Traducción voluntaria del PASC

Auteur: 
Alexe Neve - Amnesty International