Un ataque armado contra una comisión que demarcaba linderos ocupados de mala fe por empresarios en el punto conocido como La Laguna, territorio colectivo de Curvaradó.
Por el ataque armado murieron dos efectivos policiales, según fuentes oficiales.
El gravísimo hecho se produjo hacia el medio día, justo cuando la comisión terminaba su labor.
Se inicia la devolución y paramilitares empiezan a ejecutar los asesinatos es el mensaje conocido hoy.
Un armado que vela por los intereses del empresario, Darío Montoya , en el punto conocido como Pueblo Pipón, Jiguamiandó, expresó a integrantes del consejo comunitario que entregarían las tierras pero eso iba a costar muertos.
En la mañana de hoy el automotor, en que se moviliza el sacerdote y defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Alberto Franco, fue impactado con tres balínes de pistola en el vidrio panorámico.
El sacerdote Jesús Alberto Franco, director de la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la que hacen parte representantes de varias confesiones religiosas, aseguró que el programa de restitución de tierras se enfrenta a un entramado, del que hacen parte allegados al ex presidente Álvaro Uribe, que está entorpeciendo la restitución de tierras.
Así lo indica el sacerdote Jesús Alberto Franco, director de la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Reclamantes de tierras en Curbaradó y Jiguamiandó, funcionarios de Estado y de gobierno, y la Comisión de Justicia y Paz han sido señalados de actuar y ser parte de una estrategia de la guerrilla de las FARC.
A las actuaciones extrañas contra la lideresa Ligia Chaverra se suma el ingreso de hombres desconocidos en la región a la Zona Humanitaria Andalucía en donde habita Enrique Petro.
Dos hombres movilizados en motocicletas llegaron a la Zona Humanitaria de Camelias buscando de manera agresiva e insistente a la lideresa afrocolombiana Ligia María Chaverra.
Mediante esta reforma, se está afectando las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos así como el equilibrio entre las ramas del poder público, dándole al Tribunal de Garantías Penales potestades sobre la justicia penal militar y sobre la justicia ordinaria.
