Denunciamos la sistemática persecución del Gobierno colombiano contra el movimiento popular, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y étnicos, expresión del terrorismo de Estado imperante en el país.
A partir del viernes 20 de abril, fueron capturadas más de 30 personas pertenecientes a organizaciones sociales, así como ex-alcaldes y concejales en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca con el objetivo de criminalizar la protesta y la movilización social.