Desde 1996 el Estado colombiano conoce denuncias de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó y de organizaciones de Derechos humanos en las que se le manifiesta que fueron víctimas de desplazamiento forzado mediante asesinatos, desapariciones y torturas y las tierras ocupadas en la siembra de palma aceitera por empresas implicadas con grupos paramilitares que están perfectamente identificadas.

Todo parece indicar que mientras los empresarios agroindustriales pagan para asesinar los defensores de derechos humanos, los funcionarios del gobierno legitimizan la ocupación ilegal de las tierras de las comunidades. El ministerio del interior ha respaldado a un consejo impuesto por los empresarios en cabeza de Germán Marmolejo, y se quiere responsabilizar los problemas de la cuenca a organizaciones nacionales e internacionales, que los empresarios han querido sacar del territorio.

Avanza la fase de legalización y legitimación del despojo violento con la simulación de la restitución de la propiedad

Ministro del Interior FABIO VALENCIA COSSIO reconoce como representante Legal de la Cuenca del Curvaradó a afrodescendiente MARMOLEJO, impuesto por los empresarios ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarimo.