Campaña permanente de solidaridad con lxs presxs politicxs 
El PASC acompaña el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, participa y difunde información de la campaña Traspasa los muros, de la campaña contra la extradición y por el cierre de la cárcel de Valledupar. PASC también se asocia con distintas campañas de solidaridad con prisonerxs de guerra políticxs y sociales en América del Norte. Hay más de 7.200 presos políticos en Colombia. De 60 000 presos, sólo 22 000 fueron acusados y los otros están bajo investigación y pueden esperar hasta 36 meses antes de ser juzgado.
- La condición de «preso político»
- Las acusaciones de rebelión y terrorismo
- El conflicto social y armado en las prisiones
- Organization of Political Prisoners
- Situación carcelaria
- Campaña Traspasa los muros
- Campaña contra la extradición
- Campaña para el cierre de la cárcel de Valledupar
- Casos de presos políticos
La condición de «preso político»
Los presos políticos son encarcelados sobre la base de sus opiniones políticas y / o sus acciones de confrontación contra las políticas del gobierno o la cupula oligarquíca.
Desde que el gobierno colombiano niega la existencia de un conflicto armado, se niega a reconocer la condición de «preso político» y no duda en llamar «terroristas» a los internos detenidos por sus actividades políticas y sociales. Esta negación de un conflicto armado y del estatuto de prisionero de guerra o de prisionero político le permite al gobierno eludir los acuerdos internacionales que rigen los conflictos internos, como la Convención de Ginebra, o de los derechos humanos internacionales.
¿Quiénes son?
De acuerdo con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el 60% de los presos políticos no son combatientes, son dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, miembros de organizaciones populares, etc cuyas acusaciones se apoyan en testimonios de informantes que trabajan para el gobierno. Estos testigos falsos, a menudo pagados, dicen que el detenido forma parte de una organización insurreccional o ha participado en un acto de terrorismo en esa organización.
Los presos políticos terminan en cárceles, sobre todo aquellos con la máxima seguridad. El Valledupar y en las cárceles de Combita, por ejemplo, donde muchos de estos presos están detenidos, fueron creados por un acuerdo con la Oficina Federal de Estados Unidos, que participaron en la construcción de los edificios, en la formación de los guardias y en la preparación de la las normas internas de las cárceles.
Las acusaciones de rebelión y terrorismo
Rebelión: Alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional, legalmente constituido, o para cambiar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente,
Terrorismo: El que pone en sosobra a la comunidad.
El delito de rebelión se castiga con 6 a 10 años de prisión. En los últimos años, esta acusación se utiliza cada ves menos en contra de miembros de la organización guerrillera. Ahora están acusados de otros delitos como el «terrorismo», penado con 40 años de prisión. El delito de rebelión se utiliza para criminalizar activistas sindicales, estudiantes, líderes campesinos, indígenas, afros, los defensores de los derechos humanos, etc. Por lo tanto, la acusación de rebelión se utiliza como un mecanismo para criminalizar la oposición política y la protesta social, para aquietar a los miembros de los movimientos sociales y organizaciones de la resistencia. Ahora se ha convertido en una herramienta del Gobierno para llevar una persecución política y legal.
Ver El conflicto social y armado en las prisiones
Bajo el pretexto de la realización de convivencia pacífica y experimentos de reconciliación, los presos políticos son cada vez mas colocados en las mismas celdas que los paramilitares. Las estructuras paramilitares están vivas dentro de las cárceles, ya sea con alianzas con los funcionarios del INPEC o por el simple control de la administración del establecimiento.
Organización de los Presos Políticos
Por esta razón, la primera reivindicación de los presos políticos exige que se agrupen en el mismo «patio» (planta o sección del establecimiento) con el fin de mejorar sus condiciones de seguridad y para ayudar a su organización dentro de la prisión. Los presos políticos participan en numerosos comités durante su encarcelamiento como el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Apoyo Jurídico, Comité de Educación y el Comité de Información, para utilizar este tiempo para perfeccionar su educación política y continuar su lucha por la justicia social dentro de la estructura represiva. La situación de las mujeres es más difícil, ya que rara vez tiene éxito para agruparse y tambien las diseminan por todo el país.
Resumen de la situación carcelaria
La población carcelaria de Colombia es de alrededor de 60 000 presos distribuidos en las diferentes instituciones penales del país. La mayoría de ellos nunca han estado frente un juez y no han recibido ninguna sentencia o condena. De 60 000 presos, sólo 22 000 fueron acusados, siendo los otros en un proceso de investigación que puede durar hasta 36 meses. Sin embargo, la ley colombiana establece un tiempo limitado de 36 horas de detención sin juicio.
Condiciones de detencion
Las condiciones de vida en las prisiones son alarmantes porque las cárceles están superpobladas. Las recientes operaciones de detención masiva son parte de la culpa. El acceso a la comida decente o para la salud es en gran parte ausente. La situación está empeorando para los presos políticos que a menudo se les niega el acceso a programas de formación o de los controles médicos.
En octubre de 2001, una comisión internacional realizado una visita a 15 cárceles del país, de los cuales tres fueron las cárceles de mujeres. La Comisión denunció casos de corrupción y tratos degradantes. Esto sucede en muchos establecimientos, y hace al Gobierno colombiano responsable de este hecho en las prisiones donde los derechos a la vida y la dignidad humana, la salud, educación, alimentación y defensa jurídica han sido violados.
Duración de la prisión
Con la reforma del Código Penal del 2003, la pena máxima se elevó de 40 años a 60 años de prisión. Oficialmente, la cadena perpetua no existe. Sin embargo, dado que las penas son acumulativas, un preso puede recibir, por ejemplo, tres sentencias de 40 años cada uno, que en la práctica, significa una sentencia de cadena perpetua.
El uso de la tortura
La tortura contra los prisioneros es una práctica común en centros de detención transitorios y comisarías. Las poblaciones pobres y afrodescendientes son las primeras víctimas de este método. Una práctica común es hacer que un prisionero trague una bala que, de acuerdo con el torturador, se utilizó, unos momentos antes, para matar o para simular una muerte violenta. Este tipo de tortura psicológica, que no deja ningún rastro, se utiliza sobre todo a los insurgentes y activistas sociales. Para protegerse contra la denuncia, el personal tiene a la persona detenida y la obliga a firmar un documento declarando que ha recibido un buen tratamiento.
Campaña Traspasa los muros
Esta campaña nació en 2005 de una inciativa de solidaridad de diferentes organizaciones sociales y populares. La campaña es en sí, un proceso permanente, abierto, participativo y plural que articula diferentes acciones de solidaridad, políticas y culturales; legitima la lucha de las detenidas y detenidos políticos
La campaña tiene un carácter autónomo y permanente, aboga por la libertad de las y los detenidos políticos, sin la ambición de crear un nuevo ente organizativo, si no por el contrario articular las diversas formas de trabajo que se vienen llevando a cabo desde los diferentes colectivos y organizaciones, y de esta manera, unir fuerzas para visibilizar y actuar activamente frente al problema actual que ellas y ellos viven.
www.traspasalosmuros.net
Campaña contra la extradición
Desde el 2007, los Estados Unidos reclama la extradición de colombianos presos políticos, mientras que esta práctica está prohibida por la Constitución colombiana. Muchos han sido extraditados, mientras que otros están organizando una campaña para resistir:
"La extradición de los ciudadanos de Colombia, Irak, Afganistán o en cualquier otro país es un derecho tomados por los colonizadores para confirmar el alcance de su poder en el conjunto del planeta y se imponen como una super politica del mundo frente a otras potencias imperialistas.» www.presospoliticosnoextradicion.org
Campaña para el cierre de la cárcel de Valledupar
Los prisioneros habían estado protestando por las condiciones en la prisión, que son conocidas por ser las peores del país. La prisión se basa en el modelo de prisión de EE.UU., fue diseñado y desarrollado con la ayuda de los EE.UU. Oficina Federal de Prisiones, y fue construido hace 11 años con financiamiento de EE.UU.. Su código de disciplina es estricta, y los presos son sometidos a lo que equivale a la tortura sistemática y la crueldad. Muchas organizaciones, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, todas coinciden en recomendar el cierre de esa prisión. cierrevalledupar.comitedesolidaridad.com
Los casos de presos políticos
Caso de Diomedes
El PASC acompaña a ciertos prisioneros cuya situación les sitúa en una posición especialmente vulnerable. Diomedes Meneses Carvajalino es uno de estos casos, después de haber sido dado por muerto por el ejército colombiano tras haber sido torturado. Hoy en día, está demandando a sus torturadores sin dejar de ser detenido.
Caso de Luis Eduardo Galvis
En Colombia, existe una práctica común en el que la legalización y la condena consecuente de los opositores políticos tras juicios caracterizados por irregularidades legales. El caso de Luis es un buen ejemplo. Después de haber cumplido una condena en primer lugar, fue condenado por los cargos contra otra persona: una persona culpable de dos personas acusadas bajo la misma identidad!