Given the prosecution against human rights defenders and leaders who defend the right to truth, justice, reparation and restitution of lands, we urge human rights organizations in the United States and churches from around the world to require the United States Congress and State Department to abstain from endorsing or signing any trade agreement with Colombia, until there is a cessation of prosecution and a verification of the real, fair and effective restitution of the usurped lands.
This request has been made by the Commission for Justice and Peace, after finding out early today about the existence of a judicial frame-up created by the bad faith occupants, oil palm and cattle ranchers, with the assistance of institutional sectors and the Prosecutor General's Office of Medellin. They decided to order the arrest of 15 to 20 council members of Jiguamiandó and Curvaradó who live in the Humanitarian Zones and Biodiversity Zones.
According to the source, this measure was ordered prior to October 22 by a prosecutor in Medellin against Maria Ligia Chaverra, Eustaquio Polo, Guillermo Diaz, brother of murdered community leader Argenito Diaz, in the collective territory of Curvaradó, and against the elected representatives of the Jiguamiandó Upper Council, including Manuel Denis Blandon, among others.
The source also says that this process plans to involve the advocate for black communities and priest Armando Valencia and members of our Commission for Justice and Peace.
This September, after a death threat against Danilo Rueda made by two men on motorcycles in the city of Bogota, we also found out about a surveillance plan against lawyers Liliana Avila and William Rueda, and a legal frame-up against the Father Alberto Franco, Abilio Pena and Danilo Rueda and member of the Commission for Justice and Peace and the director of the Data Bank Father Javier Giraldo.
For this judicial set-up, people have been paid to provide false testimony. Other witnesses have been brought to repeat unsubstantiated, false accusations. This methodology has been used to supposedly collect so-called evidence.
It was also made known that the arrests would be made using an arrest operation accompanied by an unprecedented military and police operation, with the participation of the DAS and CTI, in the communities and possibly in the city of Bogota. The operation would involve entering the Humanitarian Zones and Biodiversity Zones, and leaving publications and even war materials (weapons) in the Zones to portray the communities as participants in guerrilla operations.
Afterwards, an information campaign would be carried out in the mass media so that the Humanitarian Zones and Biodiversity Zones and their members would be maligned as accomplices, and some of them as members, of the guerrillas, along with national and international human rights NGOs.
The social and media campaign to discredit and the strategy of legal frame-ups intend to ensure the impunity of the military and of business people who have benefited from or have participated in the paramilitary groups, which former commanders of the paramilitaries have confessed; their strategy criminalizes the victims, pursuing and terrorizing them, to ensure their freedom and protect their businesses on lands they violently usurped and stole.
Bogotá. DC, October 27, 2010
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Inter-church Commission for Justice and Peace
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CC:
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Montreal, 29 de octubre del 2010
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Montaje judicial paraempresarial para capturar a 15 o 20 personas de los consejos menores de Curvaradó y Jigumiandó de las Zonas Humanitarias y Zona de Biodiversidad y defensores de derechos humanos.
Hoy 27 de octubre en horas de la madrugada una fuente de alta credibilidad informó a la Comisión de Justicia y Paz de la expedición de entre 15 y 20 ordenes de captura contra integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad como responsables de los asesinatos de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo cometidos por parte de la guerrilla de las FARC en diciembre pasado.
GUILLERMO DIAZ, hermano del líder comunitario asesinado en enero de este año, ARGENITO DIAZ, EUSTAQUI POLO del territorio colectivo de Curvaradó; la junta directiva del Consejo Mayor de Jiguamiandó, MANUEL DENIS BLANDON, ROMUALDO SALCEDO, MELKIN ROMAÑA, MEDARDO ACOSTA, EDELSON SIERRA, HELADIO BLANDON, MARTHA RAMIREZ , FIDEL CUESTA, entre otros.
Se conoció igualmente que en este proceso se pretende involucrar al defensor de comunidades negras, el sacerdote LUIS ARMANDO VALENCIA, y a integrantes de la Comisión de Justicia y Paz.
Para este montaje judicial se ha venido pagando falsos testigos. Algunos, como el caso de MASUEL ROMAÑA, han sido capturados al negarse a participar de ese montaje. Otros testigos han sido llevados para repetir, sin fundamento cierto, acusaciones contra los integrantes de los consejos menores y los defensores de derechos humanos. Así se construyó un supuesto acervo probatorio del cual se expiden las órdenes de captura.
De acuerdo con la fuente, el operativo de captura iría a estar acompañado de una operación militar y policial sin precedentes, con participación el DAS y el CTI en la región. Se trata de ingresar a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, dejando publicidad de las guerrillas y hasta material de guerra (armas) para presentar a las comunidades como participes de las operaciones guerrilleras y se estaba avaluando la realización de una operación similar en Bogotá.
Luego se haría una operación informativa en medios masivos para que las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y sus integrantes queden como cómplices y algunos de ellos como guerrilleros, acompañados de organismos no gubernamentales nacionales internacionales de derechos humanos.
Se pretende deslegitimar, aislar y criminalizar la defensa del territorio. Así se deja en cuestión las Medidas Provisionales, las Medidas Cautelares del Sistema Interamericano, las acciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y de centenares de organizaciones de derechos humanos en el mundo, como la nuestra en Canada que conoce a fondo y apoya desde el 2003 a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó y a la Comisión de Justicia y Paz.
La campaña mediática y social de desprestigio y la estrategia de montajes judiciales pretenden asegurar la impunidad de militares y de empresarios que se han beneficiado o han participado de la estrategia paramilitar, como lo han confesando excomandantes paramilitares, criminalizando a las victimas, persiguiéndolas y aterrorizándolas, para asegurar su libertad y sus negocios, en predios que usurparon y despojaron violentamente.
Estamos profundamente indignados y preocupados por la ausencia de medidas eficaces para brindar garantías y protección de las y los lideres y liderezas comunitarios y defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, que han exigido en derecho, mediante todas las acciones legales y constitucionales, la restitución de tierras despojadas violentamente por grupos paramilitares y empresarios.
Ante esta situación alarmante, exigimos, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y en conformidad con sus responsabilidades institucionales:
1. La adopción inmediata de medidas concretas para que se protejan los espacios legales y legítimos de las y los defensores de derechos humanos y los lideres e integrantes de los consejos menores que habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que han exigido verdad, justicia, reparación, restitución de las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó y que continúan siendo perseguidos.
2. El respeto irrestricto del derecho al debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa e independencia judicial respecto a los líderes e integrantes de los consejos menores que habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas del Río Jiguamiandó y Curvaradó y los defensores de derechos humanos que los acompañan.
3. La acción de la Fiscalía General de la Nación en la solicitud al Fiscal que adelanta la investigación del sustento probatorio y de derecho existente para emitir las órdenes de captura en contra de cada uno de los lideres judicializados de las comunidades y defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, todas y cada una de las pruebas que obran en el proceso, las líneas de investigación que están siendo asumidas y los mecanismos utilizados para el recaudo de evidencias.
4. Al Fiscal General de la Nación que ordene, de manera, inmediata, que la investigación sea asumida por la Unidad de Derechos Humanos de la cuidad de Bogotá y se adopten medidas eficaces de protección de quienes han sido presionados para dar declaraciones falsas en contra de los lideres judicializados y defensores de derechos humanos.
5. A la Fiscalía General de la Nación que informe los avances concretos que ha tenido la investigación que se sigue luego de que se conociera el plan de desprestigio y judicialización orquestado por el General RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y el ex Ministro LONDOÑO HOYOS, cuáles han sido los móviles y finalidades y relación con las actuación de GERMAN MARMOLEJO, ADAN QUINTO, JAIME VEITAR, MARIA FERNANDA CABAL, JOSE OBDULIO GAVIRIA, y los integrantes de UnoAmérica, Avanti Ragatzzi, la Diáspora del Atrato y Acción Nacionalista.
6. Al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y a los demás organismos de inteligencia del Estado, entregue a las comunidades y a la Comisión de Justicia y Paz toda la información ilegalmente tomada sobre estas y se depuren los archivos de inteligencia que sirven de sustento para estas campañas de difamación y montajes judiciales.
7. Al Ministerio del Interior y de Justicia informe de manera detallada a la Corte Constitucional todas y cada una de las actuaciones que ha venido realizando para dar cumplimiento al Auto de 18 de Mayo de 2010, cuál ha sido su actuación respecto a garantizar la participación de todos los integrantes de los consejos menores, incluyendo los que habitan en las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, y la realización del censo de habitantes de manera transparente e imparcial.
Con profunda preocupación, estaremos atentos al seguimiento que como autoridades competentes le darán a nuestras urgentes solicitudes,
Atentamente,
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