La Sentencia C-879 de la Corte Constitucional considera este tipo de procedimiento como por una detención arbitraria.
La Comision Interecesial de Justicia y Paz tiene 3 equipos en la region del Sur Occidente ; un equipo en el departamento del Putumayo, uno en el departamento del Valle del Cauca y uno en el departamento del Cauca. Cada equipo acompaña varios procesos de resistencia civil de comunidades campesinas, afro-colombianas y indigenas que defienden su derecho a la vida, al territorio y a la autodetrminacion, asi como asociaciones de victimas y familiares de victimas que afirman su derecho a la verdad, la justicia y la reparacion integral.
1. Equipo Putumayo 2. Equipo Valle del Cauca 3. Equipo Cauca
1.1 Coyuntura 2.1 Region del Bajo Naya 3.1 Coyuntura
1.2 Actores armados 2.2 Region del Bajo Calima 3.2 Procesos acompañados
1.3 Narcotráfico
1.4.1 Agroindustría
1.4.2 IRSA
1.4.3. Explotación petrolera
1. Equipo Putumayo
La Comisión de Justicia y Paz, viene acompañando la afirmación de derechos de organizaciones campesinas en municipios del Bajo Putumayo como Puerto Asís, y el Valle del Guamuez, desde hace 8 años, a través de talleres, encuentros, ejercicios de análisis de coyuntura, acompañamientos, comisiones de verificación; a partir de septiembre de 2007 hace presencia de manera permanente con un equipo ubicado en Puerto Asís.
1.1 Coyuntura
Tras más de una década de ejecución del Plan Colombia, el panorama no ha cambiado en el departamento del Putumayo; se mantiene la constante: señalamientos de la fuerza pública hacia las comunidades organizadas, pueblos indígenas y campesinos que no comparten la lógica de actuación del Estado, son maltratadas y de manera arbitraria y sin fundamento tildadas como subversivas, situación que genera temor, debilitamiento en los procesos organizativos y en algunas ocasiones desplazamientos; persisten los asesinatos, desapariciones forzadas, connivencia de la fuerza pública con el paramilitarismo quien se dedica también a ejercer acciones intimidatorias de control social.
Dentro del marco del conflicto armado, la población indígena, afro y campesina es víctima constante de violaciones a sus derechos fundamentales. Padecen constantes atentados contra la vida, la libertad y la integridad física (muertes selectivas), afectación de la población civil como consecuencia de acciones bélicas, utilización de métodos o medios para generar terror en la población, destrucción de bienes civiles y/o afectación de bienes indispensables para la supervivencia de la población, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado.
El gobierno nacional, negando el derecho fundamental al territorio ha venido generando estrategias que están provocando una situación de desterritorialización de muchas comunidades: Ofertar el territorio a Empresas Transnacionales para proyectos extractivistas, generar las condiciones tanto jurídicas como económicas, políticas y fiscales para la implementación y desarrollo de la agroindustria, monocultivos y agrocombustibles, es prueba clara de que no existe voluntad del estado para apoyar las iniciativas propias de estas comunidades.
1.2 Actores armados
En el Departamento continúa la implementación de la Política de Seguridad Democrática que se concentra en el marco de la segunda fase del Plan Colombia y de las operaciones de apoyo al Plan Patriota (concentrado en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá) la presencia de aproximadamente diez mil unidades de la fuerza pública en el departamento, el **ejército nacional** tiene presencia con la Brigada de Selva Nº 27, conformada por cinco batallones cada uno con mil combatientes, incluyendo soldados campesinos; dos Batallones del Plan Especial Energético y Vial en Puerto Asís y Orito; un Batallón de Infantería en Puerto Guzmán; el Batallón de Selva Nº 49, el Batallón de Contraguerrilla Nº 59. Por su parte la Brigada Móvil 13, con cerca de mil hombres, tiene su sede en el corregimiento de Santana, jurisdicción de Puerto Asís, estando conformada por los Batallones de Contraguerrillas 87, 88, 89, y 90. La Armada Nacional opera en el Putumayo y Caquetá con la presencia de la Fuerza Naval del Sur. En julio de 2005 se establecieron la y la Brigada Móvil Nº 13, con cerca de mil hombres. También hace presencia la Brigada Contra el Narcotráfico (BRACNA) y la EMCAR (carabineros en seguridad a la erradicación) y los más de 1200 auxiliares de Policía. Persiste la ocupación militar de espacios exclusivos para población, los retenes, requisas y controles excesivos saliendo de cada poblado, registros fotográficos, insinuaciones hacia miembros de estas comunidades de que conocen o tienen información que suministrar de la guerrilla. A su paso, los patios de las casas se convierten en campamentos temporales, y cada vivienda que encuentran sola, es objeto de saqueo.
A esta presencia militar hay que sumar la red de informantes y cooperantes en el departamento y la presencia de **paramilitares** que se presentan como “Los Rastrojos”, Las “Águilas Negras” y “ONG” (Organización Nueva Generación). La presencia paramilitar en la región se ha concentrado especialmente en los centros urbanos y poblados, ejerciendo continuo control y presión sobre la población, cometiendo agresiones y señalamientos contra ésta, su accionar ha cobrado la vida de cientos de campesinos y campesinas, señaladas de pertenecer o auxiliar a la guerrilla, sembrando el terror con las constantes amenazas de muerte, el reclutamiento forzado, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y las masacres; han provocado desplazamientos forzados y desaparecido forzadamente a más de mil personas; a pesar de su supuesta desmovilización el 1 de marzo de 2006 (504 paramilitares y entregan 293 armas), sus estructuras y accionar aún siguen sembrando terror en la región, continúan los asesinatos selectivos, la desaparición forzada de personas, persiste en la población el miedo a hablar, a denunciar “Oiga, mire y calle si quiere vivir” es la consigna, reina el silencio, como única estrategia para proteger la vida. por el grado de control y represión que ha dejado el paraestado en centros urbanos como Puerto Asís y en esa medida, la imposibilidad de acceder con garantías a las instituciones de justicia. Además, es claro para los mismos pobladores que dentro de los pocos desmovilizados que los paramilitares presentaron muchos eran los “desocupados” y “vagos” de la ciudad, que luego han venido asesinando y la mayoría de los que efectivamente eran paramilitares están libres y delinquiendo en actividades de narcotráfico y de control poblacional dentro de las mismas estructuras paramilitares. Ni hablar de las fosas comunes que esconden el horror y sevicia con la que han actuado los paramilitares; en los cementerios es común encontrar tumbas de NN, que albergan los cuerpos de campesinos, campesinas asesinados, ejecutados y que ni siquiera sus familias se atrevieron a reclamar por temor a correr la misma suerte. Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el Putumayo hay por lo menos 500 cuerpos en fosas comunes, pero el drama de la desaparición forzada ha cobrado muchas más víctimas de las que relata la CNRR.
En cuanto a las **guerrillas**, las FARC-EP tienen presencia en el departamento, (Frentes 2, 15, 32 y 48). En los años 80 el M-19 (1980-1982); el EPL (1984-1991), quienes se fueron desmovilizando a partir de procesos de negociación con el gobierno; y las FARC-EP (Frentes 2, 15, 32 y 48), único grupo que aún mantiene presencia en áreas especialmente rurales.
1.3 Narcotráfico
En el marco de la llamada lucha contra el narcotráfico continúan las fumigaciones con glifosato, afectando cultivos de pan coger y áreas en bosque o descanso, según la tradición de los campesinos, además se continúa el proceso de erradicación manual. Desde el alto gobierno no hay alternativas reales y dignas, las comunidades y organizaciones campesinas han acudido a bloquear vías y a impedir la erradicación hasta tanto el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar alternativas productivas y de sostenibilidad pensadas y concertadas con las necesidades reales de las mismas comunidades.
En el tema de la comercialización y el procesamiento de la pasta de coca es evidente la existencia de “Chongos” o Cristalizaderos en lugares de control militar que hasta el 1 de marzo de 2006 fueron de control paramilitar sobre la vía central entre el Casco urbano de Puerto Asís y el corregimiento de Santana (donde se desmovilizó el Bloque Sur Putumayo), a menos de 10 minutos de instalaciones militares y sobre la vía principal. En los embarcaderos del puerto sobre el río Putumayo es común ver a los “Comisionistas” que en motos rondan esperando la llegada de embarcaciones para comprar la base de coca que luego será cristalizada cerca de la ciudad, donde la Seguridad Democrática tiene el control total.
1.4 Intereses económicos
La explotación de los recursos naturales del Putumayo se ha acelerado, las compañías petroleras han recibido más territorio para sus acciones exploratorias, afectando la biodiversidad y a las comunidades que en éste habitan, violentando en muchas ocasiones el derecho a la Consulta Previa; igualmente va en aumento la explotación de recursos minerales, al tiempo que el Bajo Putumayo se proyecta como Distrito Especial Minero; mientras tanto, avanzan las obras de infraestructura enmarcadas en la lógica del IIRSA.
1.4.1 Agroindustría para la exportación
La agroindustria en el Putumayo avanza, miles de hectáreas de arroz se están cultivando para firmas como CAROLINA; Ecopetrol ha venido haciendo acuerdos con poblaciones campesinas para la siembra de caña con el propósito de producir etanol; ya existen aproximadamente 1.000 hectáreas de palma aceitera cultivadas en Puerto Asís; la producción de caucho, palmito, pimienta negra, cacao, va en aumento, promovidas desde Acción Social; hay un acuerdo comercial con Brasil para la producción de Sacha Inchi producto del que también proyecta la extracción de [agrocombustibles](REPLACE LINK). Desde el Centro Provincial se favorecen créditos y asistencia técnica para cacao, caucho, caña, café, pimienta, vainilla y ganadería principalmente, estas iniciativas no se compadecen con las necesidades de las y los campesinos, sino por el contrario están orientadas a satisfacer los intereses del TLC.
1.4.2 Iniciativa de Integración Regional Sur Americana IIRSA
Dentro de la implementación de la Iniciativa de Integración Regional Sur Americana (IIRSA) se sigue avanzando el Corredor Multimodal TUMACO -BELEN DO PARA, con un tramo de vía terrestre entre Tumaco y Puerto Asís y un tramo Fluvial entre Puerto Asís y Belén do Pará en Brasil. Esta obra está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y La Corporación Andina de Fomento, esta implementación dejará para la región costos irreversibles en lo ambiental, lo económico, lo social y explican la gravedad en materia de derechos humanos que aqueja al departamento.
1.4.3 Explotación petrolera
Sin lugar a dudas, quienes realmente se han beneficiado en el Putumayo son las petroleras, una vez que el gobierno les garantiza condiciones de “seguridad”, éstas desarrollan toda una logística para la exploración y explotación, llama la atención cómo en lugares donde hubo mayor presencia y agresión paramilitar, es donde hay mayor actividad petrolera.
La presencia de las petroleras en la región, se ha movido en la lógica de militarización del territorio incluyendo a comunidades indígenas, violentando la jurisdicción especial que éstas poseen, violación a la consulta previa, fuertes impactos ambientales que desequilibran el entorno y afectan la cosmovisión de los pueblos indígenas.
En materia de explotación petrolera, según ECOPETROL, la Superintendencia de Operaciones Putumayo - SOP tiene un total de 101 pozos activos, con una producción asociada de 11.500 Bopd (barriles de petróleo promedio día) en cuatro áreas operativas y 15 campos. En la región opera el Consorcio Colombia Energy – CCE, quien concentra la mayor producción, éste se encuentra conformado por las empresas Petrotesting Colombia S.A., Southeast Investment Corporation y Holsan Oil S.A.
Durante el presente año, el gobierno colombiano a entregado más de 50 mil hectáreas para la exploración y explotación petrolera en el Putumayo, la empresa Columbus Energy, petrolera estadounidense invertirá US$ 47 millones durante el 2009 en Casanare y Putumayo. Por su parte la firma La Cortez Energy, ha firmado un acuerdo privado de exploración y explotación de hidrocarburos con Emerald Energy que le da derecho a un 20% de participación en el bloque de exploración y producción Maranta, con una extensión de 36.608 hectáreas, ubicado en la cuenca del Putumayo.
También hacen presencia en la región las petroleras canadiense Gran Tierra Energy, quien recientemente descubrió el pozo Costayaco en el bloque Chaza. Petrominerales, enlistada en la Bolsa de Toronto, se encuentra en Colombia desde 1996 tiene 16 bloques en las cuencas del Putumayo y los Llanos Orientales y la PetroBank.
El departamento es cruzado por el Poliducto Tras-Andino de la Texas Petroleum que lleva el crudo hasta Tumaco.
2. Equipo Valle del Cauca
En el departamento del Valle del Cauca, el equipo de la Comision de Justicia y Paz desarolla su trabajo en las regiones del Bajo Naya y del bajo Calima, entre otras.
El territorio Colectivo de la comunidad negra del Bajo Naya, en límites entre los departamentos del Cauca y el Valle del cauca, ruta estratégica que conecta el norte del Cauca y el Alto Naya con el océano pacífico, y el territorio colectivo del Bajo Calima, en cuya área se desarrolla una de las obras del gran macroproyecto portuario en el Municipio de Buenaventura, ha sido escenario durante el 2009 y el primer trimestre del 2010, de la aplicación de la política de seguridad democrática, que se consolida y se reelige desde el poder narcoparamilitar, desde las obra de “desarrollo” infraestructura portuaria, que allanan el camino para la firma de acuerdos comerciales y de asociación en el marco del mercado global, obras que justifican el desalojo y la no titulación del territorio colectivo.
2.1 Region del Bajo Naya
En el Bajo Naya, luego de la aparente desmovilización del Bloque Calima, el control de territorios estratégicos para los intereses económicos globales, como los barrios de Bajamar en Buenaventura y las áreas rurales donde se proyecta la expansión de los agrocarburantes como la caña y la palma aceitera, donde se avanza en los estudios de exploración y explotación minera, como el caso de la mina de Zaragoza en el territorio colectivo del rio Dagua, donde su explotación a cielo abierto a causado irreversibles daños en lo ambiental y social, además de las obras de infraestructura vial que garantizan la explotación y comercialización de la biodiversidad, el control está en manos del Estado a través de la fuerza pública y de las estructuras narcoparamilitares de las Águilas Negras y Los Rastrojos.
El Casco urbano de Buenaventura es en la actualidad es uno de los municipios con mayor militarización de Colombia en función de garantizar la presencia e inversión de las multinacionales, mientras que la población ancestral y dueña legítima del territorio está siendo diezmada con masacres, desaparición forzada, desplazamiento, asesinatos, miseria, además de ser vinculada al paramilitarismo y a los programas presidenciales como el de la red de informantes y cooperantes. Buenaventura como cabecera municipal, ciudad puerto, es una de las más militarizadas de Colombia, donde la seguridad del capital global se garantiza, pero donde la población nativa, ancestral es víctima de violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales; es la segunda ciudad con mayor número de desplazados con 68.000, luego de Bogotá; el número de desaparecidos desde el 2009 hasta marzo de 2010, supera los 300 casos; es un escenario donde la vinculación de la población civil en el conflicto armado y en la consolidación del poder narcoparamilitar, no tiene límites, especialmente de niños, as y jóvenes; para construir obras como el malecón turístico o el proyecto aguadulce, se legaliza el despojo, el desplazamiento forzado de más de 3.400 familias afrodescendientes, habitantes de los barrios de bajamar.
En este contexto el Bajo Naya, territorio colectivo donde habitan más de 18.000 afronayeros, las víctimas de la incursión paramilitar del bloque Calima con el apoyo de la tercera brigada del ejército en el año 2001, fueron nuevamente víctimas de los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez , cuando en el 2009, ordena la entrada de 12.000 efectivos de la fuerza pública por ser un territorio de guerrilleros, terroristas y narcotraficantes.
En el 2010, la presencia militar en esta region ha sido permanente, especialmente desde las elecciones de marzo y se mantienen en la parte Baja del Territorio Colectivo, donde los externos, poseedores de mala fe, que ingresaron al territorio con el negocio de la coca y el tráfico de droga, tienen de parte de la fuerza pública todas las garantías para la entrada de insumos químicos y la movilización de droga en embarcaciones rápidas que se mueven por los mismos lugares donde permanece la infantería de marina.
2.2. Region del Bajo Calima
En el Bajo Calima la política de seguridad democrática, garantiza el avance de las obras en torno al proyecto agua dulce, la construcción de la carretera en su doble calzada, los estudios de exploración minera adelantados por la empresa G2 Seismit Ltda., la violación sistemática de los Derechos Humanos y garantiza la impunidad de todos los crímenes cometidos desde el 2002 por las estructuras paramilitares incluyendo el desplazamiento forzado de algunas de sus comunidades en el 2003.
Con la Base militar aprobada para Bahía Málaga como Base Militar norteamericana se garantizara el control planetario, dada la posición geoestratégica del territorio Colombiano, considerado desde hace décadas “La Mejor Esquina de América”.
Durante el primer semestre de 2010, el Municipio de Buenaventura y especialmente su área portuaria, evidencian las garantías que ofrece el estado colombiano y el gobierno nacional, en el marco de la consolidación de la política de seguridad Democrática al mercado global, cuando obras como la carretera en doble calzada que conecta el puerto de Buenaventura con la trasversal de las Américas, se desarrollan sin interrupción, lo mismo que el tramo de carretera en doble calzada, que atraviesa el territorio colectivo del Bajo Calima, por un área de 11.000 hectáreas que no fueron tituladas colectivamente a sus dueños ancestrales y en cambio se destinó para la construcción del gran terminal portuario conocido como AGUA DULCE.
Otro ejemplo de cómo los esfuerzos del estado colombiano están en garantizar derechos comerciales de empresas y multinacionales, mientras son vulnerados los derechos fundamentales de los pueblos afrodescendientes, mestizos e indígenas, lo constituye la minería a cielo abierto, que con el consentimiento de todas las autoridades, se desarrollo dentro del territorio colectivo y biodiverso de la cuenca del Dagua, en los alrededores de la población de Saragoza, con un resultado irreversible en costos humanos, sociales y ambientales, mientras estructuras paramilitares y funcionarios públicos se lucraba con los dividendos de esta actividad minera ilegal.
3. Equipo Cauca
El equipo Cauca de la Comisión de Justicia y Paz, acompaña experiencias organizativas de comunidades campesinas e indígenas que buscan construir mecanismos de afirmación de derechos, de defensa de la vida, del territorio y del medio ambiente en los municipios de Toribio, de Inza, de Sucre, de Argelia y de Cajibio.
El departamento del Cauca es un escenario donde la guerra se ha agudizado con gran intensidad. Esta región del país, por su biodiversidad e importancia geoestratégica está en la mirada de los intereses económicos del capital privado y estatal, que ya empiezan a materializarse con el desarrollo de los planes y proyectos definidos. Uno de los pasos indispensables para asegurar la inversión en el departamento es mantenimiento del control social, político, económico y militar en la zonas de especial interés y ello se ha venido constatando con avance de la militarización estatal y la coincidente restructuración y presencia paramilitar, que bien es sabido es una estrategia de expropiación territorial y de sometimiento de la población a esa lógica económica capitalista.
El Cauca también es un lugar de paso y permanencia de movimientos políticos armados de izquierda desde hace varias décadas; de los cuales aún siguen haciendo presencia la guerrilla de las FARC- EP, y del ELN- En esta lógica de guerra el establecimiento señala a las comunidades de ser permisivos, afines, simpatizantes o colaboradores de la insurgencia; aumenta la militarización de los territorios afectando a los pobladores, al ser involucrados en el conflicto.
En la medida que la política de estado con sus componentes se implementa y consolida se van generado situaciones de vulnerabilidad del derecho a la vida, al territorio y se va acrecentando el empobrecimiento de la población más desprotegida. El conflicto armado y social se agudiza aún más con la implementación de explotaciones mineras, forestales, de monocultivos y la fumigación, que dejan pocas posibilidades de subsistencia al campesino y atentan contra los recursos naturales como el agua, la biodiversidad, los cultivos de pancoger.
Es en este contexto que la Comisión de Justicia y Paz, acompaña experiencias organizativas de comunidades campesinas e indígenas que buscan construir mecanismos de afirmación de derechos, de defensa de la vida, del territorio y del medio ambiente
3.2 Procesos organizativos acompañados
3.2.1 Municipio de Toribio: Ubicado al norte del departamento de población mayoritariamente indígena.
La Comunidad indígena de Ullucos - Resguardo de San Francisco: comunidad indígena Nasa, que desde el año 2004 viene siendo objeto de la violación de sus derechos en el contexto del conflicto. Inicialmente un grupo de 12 familias con personas de diferentes edades inician un proceso de formación en el área de derechos humanos, y a partir de la concientización que van ganando, plantean mecanismos y propuestas de protección de sus vidas y su territorio, recuperando las tradiciones artísticas y culturales. A medida que se avanza en la comprensión del conflicto como una realidad que vive la comunidad, se fueron sumando participantes en este proceso y la “Escuela-Taller” cobra importancia como elemento indispensable en su fortalecimiento organizativo.
En ese avance la comunidad va planteando alternativas políticas de defensa del territorio, y define como mecanismo de protección visibilizar y declarar públicamente algunos espacios del territorio como "Zonas de encuentro, autonomía y resistencia Nasa", lugares que eran utilizados por el ejército y por la guerrilla de las FARC, que en medio de la confrontación armada colocan en riesgo la vida de los pobladores civiles, quienes además son objeto de señalamientos y amenazas. Con esta acción política la comunidad hace valer y afirma sus derechos a la vida, la autodeterminación y hace practico el principio de distinción, de la población civil, con la declaración de este mecanismo de protección, la comunidad ha visto disminuida la vulnerabilidad de la comunidad, pues se ha logrado disuadir a los grupos armados en conflicto, los cuales se han alejado de estos sitios que por su cercanía a las viviendas las ponía en riesgo inminente.
3.2.2. Municipio de INZA- Tierradentro: Ubicado en la zona Nororiente del Cauca.
Es una región que por su ubicación y su paisaje geográfico de altas montañas y profundos cañones le confieren gran importancia estratégica en el marco del conflicto armado interno, además de un profundo valor en la lógica del modelo económico. Con la implementación de la política de seguridad democrática, se ha militarizado el territorio del municipio de Inzá, con la presencia del Batallón de Alta Montaña “José Hilario López”, en el páramo que de Gabriel López conduce a Inzá y la instalación de un puesto de policía en el parque central de la cabecera municipal de Inzá. Inzá es una ruta que comunica al departamento del Huila, razón por la cual también realizan acciones de control en ocasiones el batallón Piguanza con sede en Garzón Huila.
El 8 de enero del 2006, habitantes de la vereda San Antonio, vieron como tres jóvenes campesinos de la región, fueron atacados por el batallón Piguanza, quienes simularon un combate, asesinando a Hortensia Neyid Tunja, a Manuel Antonio Tao y dejando gravemente a William Cunacué, quien además debió enfrentar un proceso judicial por rebelión.
Ante esta flagrante violación de derechos, familiares de Víctimas residentes en la vereda de San Antonio y Monserrate (Huila) iniciaron un proceso organizativo para la exigencia de justicia, el develamiento de la verdad y la reparación integral, la dignificación del nombre y la vida de sus hijos asesinados. Con acciones políticas y reivindicativas las familias organizadas bajo el nombre de “Asociación de familiares de víctimas “sembradores de Paz“afirman su derecho a la verdad, justicia, al territorio, a la vida, desde construcciones simbólicas y propuestas concretas para afianzar un plan de vida comunitario. Así la declaración de la casa de la memoria “Refugio del Saber en memoria de Hortensia, Manuel y Giovanni”, como espacio, de formación, de encuentro y de la memoria; La gruta de la vida, monumento sagrado, ubicado en el lugar de los hechos, es un símbolo del sin olvido, de la vida y la esperanza. A través del ejercicio de exhumación de la memoria, han integrado iniciativas comunitarias en la defensa de la dignidad humana, la búsqueda de la justicia, la verdad y la exigencia de una reparación integral.
Como Iniciativas propias de las familias han realizado encuentros, actos conmemorativos, aniversarios para mantener viva la memoria, denunciar y exigir justicia, encuentros de las comunidades de la región y de otras organizaciones del país para analizar la realidad y compartir experiencias de resistencia. Los jóvenes se han vinculado a la experiencia organizativa y se definieron como “Jóvenes semillas del Saber” para manifestar y mostrar que ellos son parte fundamental de la comunidad. Ellos desde sus propias iniciativas, realizan actividades artísticas y comunicativas como expresión de que los jóvenes campesinos no quiten ser parte de este conflicto. El proceso organizativo avanza, con las jornadas formativas, las actividades agroecológicas a nivel colectivo y familiar, como forma de afirmar sus derechos.
3.2.3 Municipio de SUCRE: Este municipio hace parte de la región del Macizo Colombiano.
Desde 1.987 la estrategia paramilitar hizo presencia copando gran parte del territorio. Su accionar causó desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, amenazas, señalamientos, desapariciones forzadas. Los paramilitares actuaban en connivencia con la policía y los militares, pues recibían entrenamiento, en la localidad de Guachicono a 15 minutos del municipio de Sucre, en Bolívar y en el batallón José Hilario López en Popayán.
Por otro lado la presencia de cultivos de coca y amapola incidió en el cambió de prácticas productivas y cultivos propios de la región. Seguidamente las fumigaciones como política de Estado, se realiza de manera indiscriminada sobre cultivos de coca y cultivos de pan coger afectando las experiencias productivas agroecológicas de campesinos que optaron por conservar sus prácticas y mantener los cultivos nativos.
Hoy después de la llamada desmovilización paramilitar, aun continúan operando bajo otras denominaciones (rastrojos, águilas negras, nueva generación) y continúa el temor, el desplazamiento forzado y silencioso, las amenazas, los asesinatos selectivos, los señalamientos. También la presencia de la multinacional Anglogold Ashanti en el municipio de Sucre inicia exploración Minera en el cerro Negro.
En este contexto, en el municipio de Sucre, surgen iniciativas organizativas como las Asociaciones campesinas “Asotequendama y Bienandantes”, y “Mujeres Unidas” donde campesinas y campesinos que tomaron la decisión de actuar en torno a la defensa y protección del territorio, la biodiversidad, la defensa de la vida, la cultura, afirmar la memoria, la verdad, la justicia, la autonomía alimentaria y una mejor calidad de vida".
Como acciones políticas de defensa del territorio, las asociaciones campesinas tomaron la iniciativa de “organizar y declarar de la casa Salvaguarda de la Semilla y la memoria “HUERTO RENACER” que busca incentivar el cuidado de especies animales y vegetales nativas, incrementar y conservar las semillas, las fuentes hídricas, entre otros. Igualmente mantener la memoria histórica de las víctimas de crímenes de estado en esta región; y la declaración de las “Zonas de Biodiversidad” “EL ALTILLO”, “EL AGRADO” y “EL ARCA” donde se realizan una serie de actividades de buenas prácticas ambientales, productivas y alimentarias.
Las y los campesinos que hacen parte de estas asociaciones trabajan comunitariamente por el mejoramiento de sus condiciones de vida, adelantando actividades productivas autosostenibles. Estas asociaciones vienen consolidando su plan de vida comunitaria desde la soberanía alimentaria. También buscan concientizar a las comunidades sobre la situación de vulnerabilidad de la población y del medio ambiente ante la implementación de proyectos mineros por parte de la multinacional Anglogold Ashanti y con la privatización de los recursos vitales como el agua, auspiciado por el estado a través de los planes departamentales de agua.
3.2.4 Municipio de Argelia. Ubicado al occidente del departamento, hace parte de los municipios de la costa pacífica del Cauca
Desde el 2006, a pesar de la aparente desmovilización de paramilitares de los bloques Libertador y Calima, estos se fueron reconvirtiendo con los nombres de “Autodefensas Nueva Generación”, “Águilas Negras”, “Rastrojos” con los mismos propósitos: persecución a líderes sociales, control social y operaciones de “limpieza social”.
A partir del 2007 se incrementó la militarización en el municipio y con ello la presencia paramilitar en el municipio, quienes ingresaron a las veredas, obligando a los campesinos a participar de reuniones, se declaran como dueños de la zona y advirtiendo represalias a quienes no se sometan a sus exigencias, Esto causó asesinatos selectivos, masacres, torturas, amenazas, desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de más de 100 familias.
En esta región hace fuerte presencia la guerrilla de las Farc- ep movimiento que por varias décadas se ha movilizado en la zona, en el momento se encuentran en fase de repliegue con el anuncio de una retoma a sangre y fuego de la región sur occidental.
Alrededor de 25 de las aproximadamente 100 familias que han sido víctimas de los paramilitares, se encuentran en condición de desplazamiento forzado y han iniciado un proceso organizativo en defensa de sus derechos y en el momento reflexionan sobre la decisión de regresar colectivamente a su territorio, en medio del conflicto como una forma de protección del territorio y afirmación de derechos como pueblo y declarar su espacio de regreso como lugar exclusivo de la población civil (zona humanitaria). Algunas familias se encuentran agrupadas en un espacio rural provisional, donde colectivamente adelantan actividades productivas que les permitan auto sostenerse, ya que el estado no ha garantizado las condiciones para que retornen a su territorio, ni ha asumido la asistencia humanitaria que le corresponde.
Las familias en condición de desplazamiento del municipio de Argelia acompañadas por la comisión, han se han dirigido a diferentes instancias nacionales del estado, han denunciado su situación y exigido atención ante la violación de sus derechos. Igualmente se ha dirigido a la comisión interamericana de derechos humanos para solicitar su protección cautelar. El 1º de julio de 2010, 29 familias de Argelia recibieron Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la par las familias van fortaleciendo su proceso organizativo con miras al retorno a su territorio, para esto, se han propuesto la delimitación y visibilización de una "Zona Humanitaria" donde se asentarán de manera colectiva como mecanismo de protección y visibilización de la sistemática violación de los derechos humanos, la re-estructuración y control paramilitar de los "Los Rastrojos" que cuenta con la anuencia y tolerancia de la fuerza pública y la exigencia al estado sobre su responsabilidad como garante de sus derechos.
3.2.5 Corregimiento del Carmelo, Municipio de Cajibío. Hace parte de la zona centro del departamento.
La Comunidad campesina víctima de violación de derechos por acción de paramilitares llamadas autodefensas campesinas Mártires de Ortega, y paramilitares del Bloque Calima, que entre el año 1999 - 2002, hicieron presencia en esta zona, perpetuaron tres masacre donde asesinaron brutalmente a campesinos de la región, además de saqueos, torturas, retenciones y amenazas.
Desde 2009, la presencia militar aumentó considerablemente, lo cual trajo consigo hostigamientos por parte de la insurgencia que ocasionalmente se mueve por la zona; los enfrentamientos bélicos someten a la población en continua zozobra, particularmente a la población estudiantil, dado que las bases militares (puesto de policía, trincheras) se encuentran muy cerca de instalaciones educativas: Sumado a esto la población nuevamente es estigmatizada , señalada de colaborar o simpatizar con la guerrilla, y ya se escuchan rumores de la presencia paramilitar lo cual atemoriza aún mas, pues esta comunidad ya ha vivido episodios de violación de derechos y no quieren repetir la historia.
Ante el latente riesgo, hoy niños y jóvenes, acompañados desde la experiencia pedagógica de educadores del Colegio del Carmelo, han iniciado un proceso formativo, como elemento importante para la comprensión del conflicto social y armado, el análisis de su realidad y la búsqueda de alternativas de exigencia y afirmación de derechos, este proceso está acompañado con otros aspectos como los ejercicios de exhumación de la memoria, actividades agroecológicas que son labores propias del campesino que le permiten mantener la relación con su territorio y actividades artísticas donde niños-as y jóvenes se manifiestan y se ven como sujetos fundamentales en la defensa de los derechos, principalmente el derechos a la vida, al territorio y la NO vinculación al conflicto armado.
A pesar de las situaciones mencionadas, es de rescatar la capacidad de resistencia de comunidades rurales y urbanas que a ser afectadas por este conflicto, buscan mantener y fortalecer la soberanía alimentaria, discuten y vienen construyendo propuestas desarrollo alternativo acordes con las realidades locales y mecanismos de afirmación de sus Derechos, de su identidad socio cultural, de la defensa de sus territorios, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
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