Las comunidades del Chocó

• El PASC fue fundado en 2003 para acompañar a las comunidades del Chocó. Durante los primeros años, los viajes de acompañamiento del PASC se realizaban en su totalidad a las Zonas Humanitarias del Bajo Atrato, en las cuencas de Jiguamiandó et de Curvaradó. La primera campaña del PASC contra los Agrocombustibles está directamente ligada a la historia de esas comunidades. 
• Criminalización, Presencia paramilitar y Recolonización del territorio
• Historia de un desplazamiento forzado y de una lucha por la Vida y el Territorio.

Luego de unos quince años de lucha, las comunidades en resistencia civil de las cuencas de Jiguamiandó y de Curvaradó lograron que la Corte Constitucional emitiera una sentencia ordenando la devolución de sus tierras, que estaban siendo ilegalmente ocupadas para desarrollar proyectos de mega plantaciones de palma africana. Luego de su primer desplazamiento en 1.997 y del reconocimiento de su título colectivo de propiedad en 2.001, las comunidades de Jiguamiandó y de Curvaradó se organizaron en Zona Humanitaria y en Zona de Biodiversidad, dotándose de mecanismos de acompañamiento nacional e internacional.  

Los abogados et las abogadas de la comunidad lograron documentar los lazos entre esos proyectos de “desarrollo”, financiados por el Estado colombiano y los programas de ayuda internacional, y las estructuras paramilitares que se encuentran aún hoy en esas zonas. La lucha contra el cultivo masivo de la palma africana se convirtió, luego de varios años de contestación, en una lucha nacional centrándose en la restitución de las tierras a las comunidades campesinas víctimas de los crímenes paramilitares. Recordemos que el gobierno del presidente Santos, en un esfuerzo por diferenciarse de su predecesor, Álvaro Uribe, mantiene un discurso favorable a la restitución de las tierras, pero sus prácticas lo contradicen. A pesar de la orden de la Corte Constitucional, las plantaciones de palma continúan.

Sobre el terreno, esas contradicciones entre discurso y realidad se viven cotidianamente, entre invasión de las tierras, amenazas de muerte y judicialización de la protesta social. Veamos cómo se llevan a cabo esos mecanismos de represión:

Criminalización: 

Una serie de montajes judiciales contra reconocidos líderes de los Consejos Menores que viven en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad de Curvaradó y de Jiguamiandó ha sido puesta en práctica por los empresarios de la palma acusándolos continuamente de pertenecer a las FARC-EP. Esta estrategia de judicialización tiene dos objetivos, el primero es el de evitar que los y las representantes de las comunidades rindan testimonio contra esos mismos empresarios ante los juzgados; el segundo, sembrar dudas sobre la legalidad del derecho de las comunidades campesinas a sus tierras.

Presencia paramilitar:

Desde mediados de abril de 2.011, las tropas paramilitares armadas de fusiles AK-47 se encuentran nuevamente haciendo presencia en los alrededores de los territorios de las comunidades en resistencia. La presencia paramilitar se hizo un poco más discreta luego del proceso de “desmovilización” en 2.005. Los paramilitares siempre han hecho presencia, pero habían preferido la discreción, vestidos de civil y equipados de armas cortas y de radio.  

Recolonización del territorio: 

A mediados de diciembre de 2.010, más de 200 hectáreas del territorio de Curvaradó fueron ocupadas ilegalmente por invasores protegidos por los paramilitares. Dichos invasores son mayoritariamente campesinos originarios de otras regiones, quienes, por lo tanto, no se encuentran militando en el seno de los procesos de resistencia campesina, pero que están dispuestos a aceptar proyectos de “desarrollo”. El objetivo de esas tomas de territorio es, entre otros, el de “restituir” las tierras a las comunidades dispuestas a negociar con los empresarios de la palma. Pareciera que representantes de compañías bananeras estuvieran detrás de esta nueva fase de ocupación de tierras. Aunque una resolución de desalojo de los ocupantes ilegales fue promulgada, ésta no ha sido aplicada dado que la policía de la región de Urabá dice no contar con la capacidad en términos de efectivos para proceder al desalojo.

Historia de un desplazamiento forzado :

En 1.997, con el pretexto de la presencia de la guerrilla de las FARC-EP en la región, se llevó a cabo una vasta operación militar en el Departamento del Chocó, llamada “Operación Génesis”, por parte de la Brigada XVII del Ejército Nacional, comandada por el General Rito Alejo del Río Rojas. Mientras los helicópteros del ejército bombardeaban la región, grupos de paramilitares identificados como AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) efectuaban incursiones armadas en las zonas donde vivía la población civil. La orden perentoria era de abandonar las tierras. Los paramilitares procedieron a masacrar parte de la población y a quemar casas y cosechas. Las comunidades del río Jiguamiandó, las de Curvaradó y del Cacarica figuran entre las centenas de comunidades que debieron, de esa manera, huir de sus veredas y corregimientos, no portando con ellos que el vestuario que llevaban puesto. Hoy, casi 15 años después, todos los crímenes cometidos durante la operación “Génesis” se encuentran en la mas absoluta impunidad.

Historia de una lucha por la Vida y el Territorio:

Durante el tiempo que fueron desplazadas, las comunidades debieron vivir en la periferia de las ciudades, en condiciones inhumanas, amontonadas en establecimientos temporales, dependiendo de la ayuda alimentaria, muchas veces insuficiente. Sin conocer sus existencias mutuas, las comunidades afrocolombianas y mestizas de Jiguamiandó y del Cacarica comenzaron progresivamente a organizarse con el fin de poder efectuar el regreso a sus territorios respectivos.

Hacia el final del año 1.999 y comienzos del 2.000, en diferentes etapas, las comunidades retornan, por fin, a sus tierras ancestrales. Las comunidades del Jiguamiandó tal como las de Cacarica se reafirman en tanto que población civil en resistencia. Esas comunidades reclaman su derecho a la Vida, al Territorio, a la Autodeterminación, a la Libertad, a la Justicia y a la Dignidad. Ellas han debido desarrollar mecanismos de protección con el fin de poder seguir la resistencia civil en medio del conflicto armado: en el Cacarica dos “Zonas Humanitarias” fueron creadas al igual que tres de esas mismas zonas en Jiguamiandó, las comunidades de Curvaradó, en parte acogidas en los territorios de Jiguamiandó, crearon luego dos nuevas Zonas Humanitarias en sus territorios (en abril y en octubre de 2.006). Las “Zonas Humanitarias” son lugares físicamente delimitados donde varias comunidades se reagrupan para vivir juntas. Ellas permiten distinguir a la población civil en medio del conflicto armado con el objetivo de no dejarse involucrar dentro del mismo por ninguna de las partes combatientes. Las comunidades se oponen tanto a la explotación de los recursos naturales de sus territorios como a un modelo de desarrollo impuesto por la fuerza. Las comunidades de Jiguamiandó, tanto como las de Cacarica, desean seguir viviendo libremente en sus territorios, practicando la agricultura de subsistencia tradicional y escogiendo ellas mismas los mecanismos para sus propios proyectos de desarrollo.

En junio de 2.006, se calculaba en aproximadamente 15.000 hectáreas la selva de las cuencas de Jiguamiandó y de Curvaradó que había desaparecido, dejando lugar a la monocultura de la palma africana, de un territorio sobre el cual las comunidades habían, no obstante, recibido un título colectivo legal según la ley 70, la cual buscaba proteger los territorios ancestrales de las comunidades afrocolombianas. En el caso de las comunidades de CAVIDA en Cacarica, Departamento del Chocó, la empresa Maderas del Darién corta ilegalmente inmensas cantidades de madera de construcción de gran calidad sobre el territorio colectivo de las comunidades.