Las raíces del actual conflicto armado
Conflicto social y político
Intervención imperialista
Conflicto de baja intensidad y estrategia paramilitar
Contra-reforma agraria a favor del capital transnacional
Las raíces del actual conflicto armado
Conflicto social y político
La Violencia
La guerra hace parte de la vida colombiana desde hace mas de 60 años pero el conflicto armado con las características actuales comenzó después de La Violencia, el periodo mas violento de la historia de Colombia que comienza con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido liberal (1948). La represión orquestada por el partido conservador degenera en una verdadera guerra civil donde las principales víctimas son los campesinos liberales que terminaron armándose en las autodefensas campesinas. Este periodo se concluye con un acuerdo entre conservadores y liberales para repartirse el poder entre los dos partidos, que da nacimiento al Frente Nacional en 1958.
Marco legal para la estrategia paramilitar
Desde 1965 el Estado legaliza por decreto el entrenamiento y el armamento de tropas de civiles armados por parte de las Fuerzas Armadas, (decreto 3398 de 1965). Gracias a esta legalización y al apoyo de las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares al servicio de los grandes terratenientes y ganaderos comienzan a estructurarse dentro de una estrategia nacional contra insurgente. La estructuración de los grupos paramilitares culmina en 1997 con la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-, que reagrupa el conjunto de los grupos paramilitares de todo el país.
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Insurrección armada y conflicto social
Algunos grupos de autodefensas de campesinos liberales, inspirados por las revoluciones socialistas que aparecen en el continente americano presionan la oligarquía en el poder para realizar una reforma agraria con el objetivo de eliminar la gran concentración de tierras. Hacia mediados de los años 1960 aparecen las primeras guerrillas marxistas: las Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia FARC (guerrilla comunista) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, inspirado por la ideología guevarista y la teología de la liberación).
El conflicto social que conllevó a los campesinos a la lucha armada está lejos de haber desaparecido. Según la Banca Mundial, las desigualdades en Colombia actualmente son comparables a las que existían en 1938. 22 millones de colombianos viven en la pobreza, 7 millones en la miseria.
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Intervención imperialista
De la contención del comunismo a la guerra contra el terrorismo, pasando por la guerra contra las drogas
Si la complicidad de los Estados Unidos en las “guerras sucias” que golpearon el Cono Sur durante la guerra fría está bien documentada, el peso del imperialismo en el conflicto colombiano es menos conocido. Recordemos que durante la guerra fría los Estados Unidos redefinieron el mandato de los militares latinoamericanos en términos de “seguridad interior” (NSC no. 144/1, 1953). Esto implica que las Fuerzas Armadas deben dedicarse a combatir el enemigo interno (los elementos “comunistas” de la sociedad civil). Para realizar su mandato contrainsurgente, La Escuela de las Américas formó los más grandes torturadores de las Américas así como también muchos paramilitares colombianos. Los manuales de la Armada de los Estados Unidos que son utilizados en esta Escuela enseñan la estrategia paramilitar y las técnicas de conflicto de baja intensidad (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc.).
Al final de la guerra fría, la presencia de Estados Unidos no puede continuar a justificarse por la lucha contra el comunismo y un nuevo discurso aparece. En un número de febrero de 1987, la Revista Militar de la Armada de Estados Unidos sostiene que el énfasis de los vínculos, reales o inventados entre las guerrillas de izquierda y el narcotráfico permitirían al Pentágono de continuar el desmantelamiento de los movimientos que contestan la hegemonía americana dándose al mismo tiempo una posición moral impecable ante la opinión pública. La tesis de la narco-guerrilla es retomada por George Bush padre cuando anuncia, en 1989, la Iniciativa Andina dentro de la guerra contra las drogas. Su sucesor, Bill Clinton, continúa en el mismo sentido con el Plan Colombia, en 1999. En el 2002, el Congreso americano integra oficialmente el Plan Colombia en la “guerra al terrorismo” bajo el mandato de Georges Bush junior. A pesar de los cambios en el discurso, la asistencia militar de los Estados Unidos tiene un solo objetivo: las guerrillas de izquierda, ahora señaladas de “narco-terroristas”.
Sin embargo desde 1997, el Observatorio político de las drogas de Paris informaba que la gran mayoría de la droga llegaba a los puertos europeos desde las zonas costeras colombianas controladas por las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-. Efectivamente, cuando los intereses de los barones de la droga comenzaron a ser amenazados por la guerrilla, nació una fuerte alianza entre los paramilitares y los narcotraficantes en la lucha contrainsurgente. En gran parte por esta razón la lucha contra las drogas ha sido un fracaso total, como lo afirman los expertos: la plantación, la transformación y la exportación de la droga continúa sin disminuir significativamente después de 10 años de asistencia militar y económica dedicada oficialmente a la lucha contra el narcotráfico.
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El Plan Colombia
Entre 2000 y 2006, los Estados Unidos invirtieron 4,681 millares en el Plan Colombia. De esa cantidad, 80% fue destinado al entrenamiento de las Fuerzas Militares y al envío de equipos militares y 20% a los programas de desarrollo llamado “social y alternativo” orientados a la promoción de productos agrícolas exportables (palma de aceite, café, caucho, etc.) para substituir las plantaciones de coca. El Nuevo Plan Colombia (2007-2013), titulado “Estrategia para el fortalecimiento de la democracia y del desarrollo social” fue impulsado por el gobierno de Álvaro Uribe en búsqueda del apoyo necesario para su proyecto de “Estado comunitario y Seguridad democrática”. Uribe obtiene de Bush Junior un apoyo de 3 500 millones de dólares para esta nueva fase del Plan Colombia.
Terrorismo de Estado
3.1 Conflicto de baja intensidad y estrategia paramilitar
El conflicto social y armado que devasta el territorio colombiano se desarrolla en un contexto de “conflicto de baja intensidad” que echa mano a técnicas de guerra irregular: estrategia paramilitar, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, etc.
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Asesinatos políticos, ejecuciones extra-judiciales y masacres
Entre 2002 y 2008, la Comisión Colombiana de Juristas documentó 13 877 asesinatos políticos (fuera de combate) y 2 312 asesinatos en 393 masacres con violencia sociopolítica. A esta realidad se suma el escándalo de los “falsos positivos”, el asesinato de civiles cometido directamente por las Fuerzas Armadas para inflar los resultados de la lucha contra la guerrilla. Durante los dos mandatos del presidente Uribe, al menos 1122 civiles fueron asesinados y presentados por las Fuerzas Armadas como guerrilleros dados de baja en combate.
Los miembros de la oposición política son el principal objetivo de la estrategia de asesinatos selectivos. Desde 1982, 5000 miembros de la oposición política de izquierda han sido asesinados. Actualmente los sindicalistas son las primeras víctimas de esta estrategia. En 2009, de acuerdo con el informe de la Confederación sindical internacional (CSI), 101 sindicalistas fueron asesinados en el mundo, de los cuales 48 fueron asesinados en Colombia, un triste balance que sitúa a Colombia a la cabeza de los países más peligrosos para ejercer la actividad sindical. Según el informe de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales (2009); 98,5% de los asesinatos políticos se quedan en la impunidad absoluta.
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Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura
A los asesinatos selectivos de miembros de la oposición política y social, hay que sumar las personas desaparecidas. Según las cifras oficiales del gobierno, en Colombia existe actualmente 49 756 víctimas de desaparición forzada. Los organismos de derechos humanos, por su parte, han documentado mas de 15 000 “detenidos-desaparecidos”, es decir, 15 000 personas que fueron detenidas por funcionarios del Estado antes de ser desaparecidas. En cuanto a las detención de miembros de la oposición, en Colombia hay 12 000 personas detenidas por motivos políticos. (Consulte sobre este tema la página sobre los Prisioneros Políticos.) Entre 2002 y 2008, la Comisión Colombiana de Juristas documentó 5 114 casos de detenciones arbitrarias. Una situación todavía más inquietante si se toma en cuenta el tratamiento cruel al cual son sometidas estas personas. Según el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas, la tortura es “generalizada” en Colombia y es protegida por la impunidad total. (Entre 2002 y 2008: 1 314 casos de tortura fueron documentados por la Comisión Colombiana de Juristas, de los cuales 96 fueron casos de tortura sexual.) En su informe de 2009, el Comité de la ONU nota incluso un aumento de casos atribuibles a agentes de la fuerza pública y condena el uso de la violencia sexual como arma de guerra por parte de las Fuerzas Militares colombianas.
Crímenes de Estado
Además de los casos de tortura que el Comité de la ONU atribuye principalmente a los agentes del Estado, la mayoría de estos crímenes contra la humanidad son atribuidos a los paramilitares. Recordemos que la revista No. 83 de las Fuerzas Armadas colombianas (1976) afirmaba que «las técnicas paramilitares son una fuerza segura, útil y necesaria a los objetivos políticos”. Desde entonces los vínculos entre las fuerzas militares regulares y las tropas paramilitares son evidentes, como aparece a la luz de los escándalos recientes de la “para-política” o de las declaraciones de los propios jefes paramilitares. El antiguo jefe paramilitar extraditado a los Estados Unidos, Salvatore Mancuso, afirmó frente a la Corte Federal de Washington: “Voy a ser sincero. Nosotros hacíamos el trabajo sucio que el DAS (Departamento administrativo de seguridad, encargado de los servicios de inteligencia) y la Fuerza pública no podían hacer”, (18 de noviembre del 2008). Efectivamente, la estrategia es un pilar del conflicto de baja intensidad. El paramilitarismo se desarrolla desde el Estado con el apoyo activo de los Estados Unidos y de las elites económicas nacionales y extranjeras. La estrategia paramilitar es financiada por los terratenientes y los ganaderos, algunos sectores del poder políticos, el narcotráfico y ciertas compañías colombianas y extranjeras. (en forma de ejemplo recordemos el proceso contra la Chiquita Brands -antiguamente United Fruit Company- y la Drummond acusados de financiar directamente los grupos paramilitares encargados de la seguridad de sus inversiones (sic). En este contexto, la farsa de la “desmovilización” de los grupos paramilitares es una ofensa abierta a las víctimas de los crímenes de Estado.
La falsa desmovilización de los paramilitares o la Ley de perdón y olvido
A pesar del discurso del gobierno que no acepta de revelar la verdad histórica sobre la responsabilidad en los crímenes paramilitares, es necesario constatar que le discurso oficial sobre el conflicto es tendencioso cuando presenta los actores ilegales (guerrilla y grupos paramilitares) en confrontación contra el Estado y sus Fuerza militares. La realidad del conflicto armado en Colombia opone, de un lado, la insurrección armada (los grupos guerrilleros principalmente las FARC y el ELN) y del otro lado el Estado y sus fuerzas regulares e irregulares. El dialogo (sic) emprendido por el presidente Álvaro Uribe con las AUC en 2002 para negociar su desmovilización es, según este análisis, un monologo. A pesar del cese al fuego declarado por las AUC en 2002 y la desmovilización de mas de 30 000 paramilitares, mas de 4 000 asesinatos políticos y desapariciones forzadas han sido cometidos por los paramilitares después de esa fecha. Después de la supuesta desmovilización, los paramilitares se han reconstituido en diferentes escuadrones, tales que las “Águilas Negras” que operan según las mismas técnicas y modalidad que las AUC. El cuadro jurídico para esta “desmovilización” fue la Ley de Justicia y Paz, llamada “ley de perdón y olvido” por la organizaciones sociales ya que ella no permite establecer la verdad sobre la conformación, el financiamiento y los intereses defendidos por el paramilitarismo y no ofrece una real reparación integral a las víctimas. La mal llamada ley de Justicia y Paz amnistía a los responsables materiales, oculta la responsabilidad intelectual y los beneficiarios de los crímenes de forma a sellar el pacto de impunidad entre la elite política y las fuerzas paramilitares que continúan hoy a realizar el trabajo sucio de las Fuerzas Armadas.
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Implicación de la población civil en el conflicto armado
Ante la importancia de los crímenes contra la humanidad imputados al Estado colombiano, las organizaciones sociales de Colombia denuncian la lógica propia al “terrorismo de Estado” que nosotros definimos como siendo : La utilización sistemática de la parte del gobierno de amenazas y de represalias consideradas como ilegales en el seno mismo de su propia legislación nacional que tienen como objetivo infundir el terror generalizado para asegurarse la obediencia y la colaboración en la guerra por el poder que adelanta el Estado. Precisemos que esta colaboración activa de la población es también obtenida a través de políticas oficiales del Estado como son las políticas de Estado comunitario y de seguridad democrática adelantadas por el presidente Uribe Vélez.
De acuerdo con esta política los ciudadanos tienen deberes en cuanto a la seguridad pública: los ciudadanos que rechace de colaborar con la Fuerza pública es considerado como “sospechoso” y por consecuencia, un presumido auxiliador de la guerrilla. Esta política se aplica entre otras a través del la llamada “red de un millón de informadores” y el programa de “soldados campesinos” por el cual 250 000 habitantes de las regiones rurales han recibido tres meses de entrenamiento militar para reintegrar su comunidad con un arma y un uniforme. Además de la destrucción del tejido social provocado por tales políticas que generan la desconfianza excesiva entre los miembros de una misma comunidad, estas prácticas tienen como efecto de convertir la población civil (soldados campesinos e informadores) en objetivos militares en el seno del conflicto armado. Esta política viola directamente el “principio de distinción” entre combatientes y población civil dictado por el derecho internacional humanitario.
Criminalización de la disidencia
Esta lógica que pretende reclutar la población colombiana en el conflicto armado implica que toda persona que critica las elites políticas y económicas del país es automáticamente asimilada a la insurrección armada. El discursos a la Nación pronunciado por el presidente Uribe (8 septiembre 2003) es un buen ejemplo. El presidente acusa las organizaciones de derechos humanos de ser “traficantes de los derechos humanos al servicio del terrorismo” Lejos de ser un caso aislado, este tipo de difamaciones públicas contra los defensores de derechos humanos se integra en una estrategia de criminalización de los movimientos sociales y de la disidencia política. Entendemos por criminalización : el conjunto de estrategias y de acciones político-jurídicas desplegadas por el Estado para declarar ilegitima e ilegales las, organizaciones e individuos que luchan por la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos. Estas estrategias incluyen entre otras, la difamación pública de miembros de la oposición política por parte de funcionarios y de medios de comunicación, los montajes judiciales (falsificación de pruebas, utilización de testigos falsos, etc.) y la utilización arbitraria del sistema penal para judicializar las acciones legítimas de los movimientos sociales. En el 2010, 130 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de la criminalización de su labor (a través de detenciones arbitrarias o investigaciones judiciales).
Contra-reforma agraria a favor del capital transnacional
Bajo el pretexto de una guerra contrainsurgente, emergen una serie de mecanismos de represión contra la población civil con el objetivo de asegurar el control social del territorio y de manera específica contra la oposición política (sindicalistas, líderes campesinos, militantes sociales, defensores de derechos humanos, etc.). Según diferentes analistas del conflicto colombiano, la estrategia paramilitar desplegada por el Estado se propone realizar una contra-reforma agraria para favorecer la concentración de tierras en las manos de la oligarquía nacional y par entregar los territorios más ricos en recursos naturales al capital transnacional.
Este objetivo escondido de la guerra explica la desastrosa situación en términos de refugiados internos. Después del Sudán, Colombia es el país con el más alto índice de desplazamiento interno. Desde 1985, más de 4, 6 millones de personas han sido forzadas al desplazamiento, entre ellas 80% han vivido mas de un desplazamiento. En el año 2008, 380 000 debieron huir de sus hogares. En 2009, cerca de 10% de la población ha sido afectada por el desplazamiento forzado. (a estas cifras escandalosas debemos sumar los 374.000 refugiados externos de los cuales 13 080 se encuentran en Canadá). Los desplazamientos forzados, imputados en su gran mayoría a las fuerzas paramilitares han realizado una real contra-reforma agraria en el país. Alrededor de 6 millones de hectáreas de tierra han sido arrancada violentamente a sus propietarios legítimos (pequeños campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes). Esta cantidad de hectáreas es tres veces superior a las hectáreas que fueron distribuidas en 40 de políticas de reforma agraria. Gracias a esta estrategia, Colombia se encuentra dentro de los países con mayor concentración de la tierra.
En las tierras robadas a los campesinos se despliega actualmente una gran gama de proyectos agroindustriales, de ganadería, de explotación minera, petrolera y forestal. La mayoría de los megaproyectos, que sea de agroindustria o de extracción de recursos naturales son financiados por el gobierno para favorecer la reinserción des los paramilitares “desmovilizados” o los llamados cultivos alternativos a la coca y en consecuencia benefician de apoyos financieros importantes de la parte de agencias de desarrollo internacional.
Del lado de la agricultura, les políticas favorecen la producción destinada a la exportación y se divide entre agrocombustibles (palma africana y etanol principalmente), café, caucho y frutas exóticas. Esta producción, que toma la forma de monocultivos intensivos, además de empobrecer la tierra y de contaminar los cursos de agua por la utilización de productos tóxicos, son una causa directa de la pérdida de soberanía alimentaria del campesinado.
Además de las tierras fértiles (y la disponibilidad de una gran masa de mano de obra creada tras el desplazamiento forzado y el robo de tierras), el territorio colombiano es codiciado por el capital extranjero en razón de la riqueza de sus recursos naturales (biodiversidad, agua, minerales, hidrocarburos). En regla general, las firmas transnacionales, (como las petroleras canadienses Petrobank, Grantierra, Petrominerales, Talisman y las mineras canadienses Medoro Ressources, Greystar, etc.) entran en el territorio después de que él ha sido “limpiado” por las Fuerzas Armadas regulares e irregulares. Una vez que la población ha sido desplazada y el robo de tierras legalizado a través de las múltiples leyes agrarias que benefician los grandes terratenientes, las firmas multinacionales pueden instalarse sin temor a la oposición. Ellas beneficiaran además del apoyo militar necesario para “asegurar sus inversiones” (sic) a través de los escuadrones paramilitares que controlan la población local o a través de las Fuerzas Armadas que se atacan a cualquier intento de organización sindical.
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Para saber mas sobre la complicidad de las empresas canadienses en el conflicto colombiano, consulte nuestra campaña sobre los beneficiarios canadienses de la guerra.