El financiamiento otorgado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, ACDI, a los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa en su mayoría ubicados en las cercanías de las minas, tiene por objeto ayudar a las empresas mineras canadienses a competir por el acceso a los yacimientos de minerales lucrativos en los países en desarrollo, frente a la creciente oposición local a la minería.

Mientras escribo esto, miles de cajamarquinos en el Perú están protestando contra la mina Conga de Newmont Mining Corp., que va a destruir cuatro lagunas de las que dependen para su abastecimiento de agua y medios de subsistencia.

El mes pasado unas 10.000 personas se manifestaron en la oficina del gobernador en La Rioja en Argentina, pidiendo la cancelación del acuerdo con la mina de oro Osisko, mencionando temores de que el agua que necesitan para sus vinos de categoría mundial, las aceitunas y las nueces sea agotada y contaminada.

Hay al menos 10 moratorias provinciales y 32 municipales, a la minería a gran escala en las Filipinas, que condujeron a una resolución presentada en la Cámara de Representantes en 2010, donde se pide una moratoria sobre la minería a gran escala en el país en su conjunto, teniendo en cuenta que en los gobiernos locales "no están convencidos de los beneficios del clamado desarrollo de la minería "(House Resolution No. 528).

En América Latina, las comunidades están realizando cada vez más consultas o referendos para mostrar su oposición colectiva a la minería, siempre citando la necesidad de proteger los recursos naturales de los que dependen para su seguridad alimentaria y el desarrollo futuro.

A nivel comunitario, la oposición de los pueblos pobres y marginales a la minería es creciente e implica grandes costos para ello mismos. En su mayoría sucede antes que una mina haya recibido sus permisos. Incluso las comunidades remotas han tomado conciencia de los riesgos graves y del largo plazo que plantea la minería. A nivel local la oposición y el conflicto son graves problemas para las empresas mineras que buscan asegurar el acceso estable a los recursos minerales. La industria reconoce esto cuando se habla de la necesidad de asegurar una "licencia social para operar".

El conflicto llega a casa

En Canadá, los encuentros entre parlamentarios y las personas que viajaron desde muy lejos para relacionar el daño sufrido como resultado de las operaciones mineras de ese país, condujo a un informe parlamentario pionero. En el año 2005 se recomendaba que el gobierno canadiense "estableciera normas legales claras en Canadá para garantizar que las empresas canadienses y los residentes tengan que rendir cuentas cuando hay evidencia de violaciónes de derechos ambientales y/o humanos, asociados con las actividades de las empresas mineras canadienses."

Este informe derivó en mandatos gubernamentales como producto de las mesas redondas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el sector extractivo organizadas hasta el 2006, para que se tome mayor conciencia entre los canadienses sobre los impactos negativos asociados a la minería en los países en desarrollo.

Como participante del grupo asesor de contrapartes interesadas de las Mesas Redondas de la RSC escuché en repetidas ocasiones a los beneficiarios de la industria minera, condenar el daño a la reputación de dicha industria, como resultado de una mayor atención en Canadá sobre los problemas de la industria en el extranjero. También he oído peticiones de la industria para un mayor apoyo del gobierno canadiense para asegurar una ventaja en la competencia de las empresas mineras canadienses que operan a nivel mundial.

En particular, los participantes de la industria pidieron un apoyo sin precedentes de la ACDI directamente en las minas, donde las compañías a menudo se enfrentan a una feroz oposición de la comunidad. La industria se opone firmemente a cumplir un mejor desempeño social y ambiental en el extranjero y a las medidas de rendición de cuentas obligatorias al gobierno canadiense.

Juntando fuerzas

A medida que el informe final de las mesas redondas de RSC fue presentado al gobierno de Canadá en 2007, los líderes de la industria, descontentos con las recomendaciones de consenso del informe, iniciaron reuniones a puerta cerrada con grandes organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la creación de lo que iba a ser la iniciativa del Devonshire
Me enteré de que tanto la Iniciativa de Devonshire, como lideres de ONG's mineras y de desarrollo en conjunto, presionaron a la ACDI para "asociarse" con ellos en los proyectos mineros para promover la RSC.

No fue sino hasta 2009 cuando el gobierno canadiense dio a conocer su respuesta al informe de las Mesas Redondas. Denominada "Construyendo la ventaja canadiense", se le dio oficialmente la cobertura política que la ACDI necesitaba para entrar en tales políticas de asociacion, lo que no fue la intención del informe de las Mesas Redondas.

No es para nada sorprendente que Pierre Gratton, presidente de la Asociación Minera de Canadá, recientemente escribiera un artículo que apareció en el Ottawa Citizen titulado "Los cambios del ACDI desde hace mucho tiempo." Tampoco es particularmente sorprendente que la ACDI sea, como siempre, una herramienta de los objetivos de la política exterior del gobierno de turno. De esta forma está respondiendo a los llamados directos de la industria para canalizar el dinero de los contribuyentes hacia las empresas mineras para subvencionar sus proyectos de RSC principalmente cerca de los sitios mineros.

La ACDI está gastando $9,6 millones de dólares para apoyar tres proyectos piloto: el Plan de Canadá, las ONG canadienses, el Servicio Universitario Mundial de Canadá y Visión Mundial Canadá, que se están ejecutando en colaboración con IAMGOLD, Río Tinto, Alcan, y Barrick Gold, respectivamente. Los proyectos incluyen la formación profesional y fomento de la capacidad de los líderes locales sobre todo cerca de los sitios mineros.

Las subvenciones a los proyectos de RSC de las bien dotadas multinacionales se constituyen en el uso irresponsable de fondos públicos, en particular por parte de la ACDI, ya que la RSC enmascara, en lugar de exponer los graves déficits de desarrollo de nivel local y nacional causados por la minería.

Si el gobierno de Canadá estaba interesado en abordar los impactos negativos de la minería en desarrollo, habría puesto en práctica las recomendaciones del informe parlamentario de 2005 y de las Mesas Redondas de 2007.

Por primera vez, los altos ejecutivos de World Vision, Servicio Universitario Mundial de Canadá, y Plan Canadá publicaron en febrero su punto de vista colectivo sobre sus actuales alianzas con las empresas mineras en el periódico Globe and Mail. En un artículo de opinión, la Iniciativa de ONG's Devonshire, envió su propio mensaje aduciendo que las empresas mineras "son ya importantes actores del desarrollo por derecho propio."

Las empresas mineras autodenominadas aportadores a necesidades de desarrollo deben ser examinadas críticamente y confrontadas con la creciente literatura de "la maldición de los recursos naturales" que une a la minería a la profundizacion del empobrecimiento nacional de los paises en desarrollo que dependen de la minería (a través de la pérdida de competitividad, la pérdida de desarrollo de otros sectores económicos, y la distribución desigual de los beneficios asociados con la riqueza mineral, por ejemplo) y en contra de la creciente oposición mundial a la minería, especialmente a nivel local.

La Iniciativa de Devonshire justifica aún más sus alianzas sobre la base de que la minería supuestamente participa "en el corazón de los propios planes de desarrollo económico de un país en vías de desarrollo", lo que no muestran conciencia del hecho de que la propia industria, a través del Consejo Internacional de Minería y Metales, como he documentado en otros lugares, ha promovido la inclusión de la minería en las estrategias de reducción de pobreza y desarrollo de países ricos en minerales.

Por último, los ejecutivos de las Organizaciones No Gubernamentales señalan que "sentarse en la banca no es una opción." En esto podemos estar de acuerdo. Estas ONG no jugaron ningún rol en los intentos de los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar mecanismos de rendición de cuentas al Estado para garantizar la altos estandares ambientales y sociales de las operaciones de las empresas mineras canadienses fuera de sus fronteras.

Su apoyo a este esfuerzo en curso, sería bienvenido.

*Catherine Coumans es coordinadora de investigación del programa Asia Pacífico, coordinadora de Mining Watch Canadá. Es autora de ¿De quién el desarrollo? Minería, la resistencia local, y agendas del desarrollo.